Para nadie es un misterio que el crimen organizado venezolano, y su figura principal, el Tren de Aragua, se ha convertido en una mancha negra para las instituciones a cargo de la persecución penal en Chile. No solo por su crueldad y versatilidad criminal, sino también por la rapidez con que sus integrantes se adaptan y controlan territorios, sobre todo en las regiones del norte grande del país.
La banda, con operaciones transnacionales y dedicada a una pluralidad de delitos, entre otros el tráfico de armas y migrantes con fines de explotación sexual, secuestro, extorsión, sicariato y mutilaciones, tiene su centro de operaciones en las regiones del norte chileno, como Arica y Parinacota y Tarapacá. También dirige “negocios” en la capital Santiago y Valparaíso, prostituyendo a menores de edad traídas desde Colombia o Venezuela.
En tanto, las estadísticas de criminalidad en Iquique (ciudad ubicada a poco menos de 1.800 kilómetros al norte de Santiago), por ejemplo, revelan que en los dos meses que van de 2023 se han cometido 11 homicidios. Proyectado de aquí a fin de año, existe una alta probabilidad que supere a los 56 ocurridos el año anterior. Eso sin contar que recientemente fueron detenidos 18 migrantes venezolanos ligados a la organización con una cifra similar en la ciudad de Arica.
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Esto es solo uno de los tantos puntos que la organización criminal ha desplegado en el país. Sin embargo, para las autoridades nacionales hay un elemento que hace todo cuesta arriba: la falta de colaboración desde Venezuela. En concreto, para identificar a los delincuentes, quienes ingresan ilegalmente por la zona norte y al ser detenidos pueden entregar cualquier identidad, así como esconder su prontuario en el extranjero.
En ese sentido, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, reconoció la dificultad de no contar con la coordinación internacional “para atacar organizaciones como estas (…) una corporación del crimen con distintas líneas de negocios”.
“Lamentablemente esa coordinación de información no ha sido posible con el estado venezolano. No tenemos respuesta a nuestros requerimientos, de ubicación o de establecer la verdadera identidad de determinadas personas y eso perjudica las investigaciones”, aseguró la autoridad judicial dejando un claro cuestionamiento a la autoridad gubernamental de Venezuela.
Asimismo, Arancibia agregó que ‘‘la colaboración permitiría, entre otras cosas, establecer mejores mecanismos de análisis y, solo como un ejemplo, obtener huellas digitales y el grado de peligrosidad, aceleraría los procedimientos investigativos’’.
La geografía en la zona conflictiva del norte grande, añadió el fiscal regional, ‘‘le ha permitido al Tren de Aragua imponer sus reglas de entrada, salida, tipos de tráfico que se pueden o no realizar y sanciones al mejor estilo de la mafia mexicana’'.
Y continúa: “El punto de ingreso por donde entran armas, personas, todo está allá, la frontera está allá, en la frontera de Tarapacá con Bolivia (…). Es una frontera tremendamente vulnerable y esto es un valor muy importante para la organización criminal. Imagínese lo que es controlar la entrada y salida de un país, prácticamente, y con todo tipo de actividades. En consecuencia, creemos, no tenemos que esperar que llegue (a Santiago), hay que atacarla allá”.
Cabe mencionar que hace un par de semanas, la ministra instructora de la Corte Suprema de Chile y experta en Derecho Laboral, María Cristina Gajardo, acogió la solicitud de extradición solicitada por la justicia venezolana, en contra del Hernán Landaeta Garloti, alias ‘’Satanás’', uno de los miembros más violentos y de mayor peligrosidad del Tren de Aragua en Chile.
En su hoja criminal (la de Landeta Garloti) en suelo nacional constan -entre otros- delitos de homicidio, secuestro y mutilaciones, por lo que ‘’Satanas’' está formalizado y de ser condenado en Chile es altamente probable que la sumatoria de condenas lo dejará tras las rejas hasta su fallecimiento.
Actualmente, Satanás se encuentra en prisión preventiva y el fallo de primera instancia dictado por la magistrada, no dejó del todo claro si debía esperar la decisión en libertad antes de ser subido al avión que lo llevará primero a Caracas y luego a la zona de Aragua. No obstante, la fiscalía apeló.
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