La ONU expresó su profunda preocupación por las reformas legislativas en Nicaragua que le permitieron al régimen de Ortega despojar a más de 300 disidentes de su ciudadanía, advirtiendo que la medida es violatoria al derecho internacional.
“Las recientes reformas legislativas en Nicaragua que permiten el despojamiento de la ciudadanía por motivos arbitrarios son contrarias a las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional y regional de derechos humanos”, dijo la agencia de la ONU para los refugiados.
“El derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”, dijo.
La declaración se produjo después de que un tribunal nicaragüense del dictador Daniel Ortega esta semana le quitara la nacionalidad a 94 disidentes exiliados y los declarara “traidores a la patria”.
Entre los afectados está el autor más aclamado de Nicaragua, Sergio Ramírez, quien una vez fue vicepresidente de Ortega; un obispo católico, Silvio Báez, y varios ex camaradas de armas de Ortega en el Frente Sandinista de izquierda que llegó al poder en 1979, solo para perder las elecciones en 1990.
La misma medida se aplicó a 222 disidentes, que fueron liberados de la cárcel y expulsados la semana pasada, y el régimen de Ortega les quitó la ciudadanía luego de embarcarlos en un vuelo a Washington.
Ortega volvió al poder después de las elecciones de 2007. Desde que estallaron protestas callejeras a gran escala contra su gobierno en 2018, Ortega ha empleado escuadrones paramilitares fuertemente armados para aplastar a la oposición y ha encarcelado a todas las principales figuras de la oposición.
El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se ha mostrado “gravemente preocupado” por la retirada “arbitraria” de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses y ha advertido de que este tipo de medidas incrementan el riesgo de apatridia.
“El ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión u otros derechos asociados con las opiniones políticas de una persona, nunca puede justificar la privación de la nacionalidad”, subrayó ACNUR en su comunicado.
También destacó que Nicaragua es parte de las convenciones internacionales para reducir la apatridia y señaló un plan de acción global que requiere que todos los estados “prevengan la negación, la pérdida de la privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios”.
El jefe de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su alarma por los recientes movimientos de Nicaragua para despojar a los disidentes de su ciudadanía.
“Vale la pena recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos tienen derecho a una nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, dijo el jueves a los periodistas el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric.
“El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental”, dijo. “No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los derechos humanos o las personas que expresan opiniones críticas”.
(Con información de AFP y EP)
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