Alrededor de 4,564 denuncias de abusos han registrado varias ONG defensoras de los DDHH en El Salvador, durante la vigencia del régimen de excepción implementado por Nayib Bukele con la excusa de eliminar los grupos pandilleros del país.
Según información compartida este miércoles por la organización Cristosal, la mayoría de los denunciantes son mujeres, quienes “responden ante estos hechos buscando soluciones para las necesidades inmediatas, pero también para la mejora de las condiciones familiares”, señaló la ONG.
Según la organización, las mujeres se ven afectadas directamente por las políticas de Bukele debido a que la mayoría de las denuncias registradas corresponden a casos de féminas detenidas.
Señaló que los jóvenes entre 18 y 30 años “continúan siendo uno de los sectores de la población más estigmatizado durante el régimen de excepción”,
Cristosal apuntó que la población LGTBIQ+ también ha sido víctima de este régimen de excepción, con “casos graves de acoso policial, violencia sexual o insultos ejercidos por agentes de seguridad estatal”.
Agregó que “otras situaciones graves que detallan los datos son las 254 personas con enfermedades crónicas que están detenidas”.
Las organizaciones que recopilaron las denuncias y los datos son Cristosal, Amate, Red Salvadoreña de Defensoras de Derecho Humanos, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamérica (Idhuca), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Azul Originario (AZO).
El Gobierno salvadoreño atribuye al régimen de excepción -implementado por una llamada “guerra” contra las pandillas- y a su plan de Control Territorial la caída de los homicidios en un 57% en 2022.
Cristosal dio a conocer al cierre de 2022 que registró 3.211 casos de personas “vulneradas en sus derechos”.
El 97,5% de las denuncias son por detenciones arbitrarias, el 25,2% por allanamiento ilegal de morada y un 10,3% por malos tratos, en los que “cada persona pudo ser víctima de uno o más hechos”.
El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.
A finales de 2022, Human Rights Watch (HRW) y la organización Cristosal recomendaron al gobierno de Bukele terminar la implementación del régimen de excepción, a lo que el mandatario salvadoreño contestó que “no” en un mensaje a través de la red social Twitter.
Dicha recomendación formaba parte del informe denominado ‘Podemos detener a quien queramos’, el resultado de una investigación exhaustiva conjunta entre HRW y Cristosal durante los primeros 8 meses de vigencia de la medida de excepción, y en la cual se realizaron 140 entrevistas a profundidad, según indicó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW, durante la presentación del documento.
En el informe se subraya que durante el estado de excepción ha habido violaciones sistemáticas de derechos humanos, casos concretos de torturas y malos tratos.
(Con información de EFE)
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