La oposición boliviana le pidió al presidente Luis Arce dejar de provocar al gobierno del Perú y frenar a los seguidores de Evo Morales que siguen invadiendo ese país con gente armada y con banderas del separatismo.
Cabildos abiertos realizados en los nueve departamentos de Bolivia dieron lugar a que se escuchen esas críticas, además de pedidos de libertad de los 192 presos políticos que mantiene la dictadura, y amenazar con un referéndum revocatorio del presidente Arce.
En las últimas horas, el parlamento peruano declaró persona non grata al cocalero Morales y éste anunció que estaba contratando al ex viceministro Raúl Martín Noblecilla, de Pedro Castillo, para que lo defienda en el proceso que le sigue el gobierno de Dina Boluarte por incitar al separatismo.
Morales no pudo cumplir su propósito de crear en Buenos Aires, el lunes 23, la “coordinadora” de sus planes de un ente que agrupe a los productores de coca de Sudamérica y a los que buscan convertir sus países en “Estados plurinacionales”.
Y la tensión con Perú sigue creciendo. El portal Bolivia Política informa que el cocalero Leonardo Loza, brazo derecho de Evo Morales, amenaza con que el Chapare se convierta en territorio independiente de Bolivia para coordinar con los narcoterroristas del grupo maoísta Sendero Luminoso de Perú.
El semanario Siglo 21 reveló que el presidente Arce convocó a los altos jefes militares para analizar la situación tensa creada con Perú, sobre todo después de que el diputado peruano Ernesto Bustamente pidiera que el ejército de su país invada Bolivia.
Nada se ha sabido de esas reuniones, pero es notorio que desde ese momento el presidente Arce ha dejado de hacer alusiones al conflicto peruano, aunque Morales y sus seguidores continúan alentando a la protesta de quienes piden la renuncia de Dina Boluarte.
El tuitero peruano Aleksandr Milev dijo a propósito de la tensión: “O su presidente se retracta y amarra a su mascota Evo o se atienen a las consecuencias. En 24 horas estamos en La Paz y apresamos a Evo Morales y Luis Arce para que sean juzgados en el Perú. Lo que están haciendo es un acto de guerra, para conspirar por la secesión del Perú”.
El gobierno de Luis Arce debe ahora dar explicaciones a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Bolivia atendiendo un pedido de quienes reclaman por los presos políticos. Lo debe hacer después de haber obligado a salir de Bolivia a la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Las cosas empeoraron para el gobierno, pues el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó a través de sus abogados que ha encontrado en su celda de la cárcel de Chonchocoro una cámara escondida puesta por sus carceleros.
Y el gobierno permite que grupos armados de aimaras de la zona hayan cercado la prisión e impidan el ingreso de los médicos que deben atender a Camacho, afectado por la altura de 4.200 metros sobre el nivel del mar donde se encuentra después de haber sido secuestrado cerca de su oficina de Santa Cruz, a 360 metros de altura.
Los cabildos abiertos realizados en los nueve departamentos exigieron que se acabe el sistema del fraude electoral implantado por el cocalero Morales, que sean liberados los presos políticos y que cese la persecución judicial de quienes piensan de manera diferente a la del gobierno.
Porque la OEA descubrió aquel fraude en noviembre de 2019 fue que el parlamento boliviano, dominado por el MAS, anuló la elección en que Morales decía haber ganado, y que provocó que el cocalero huyera del país después de renunciar.
Los cabildos exigen que se retire del sistema educativo las aberraciones históricas que ha introducido el MAS, así como las absurdas alusiones a la “cuestión de género”.
La situación de la política interna de Bolivia es tan tensa como la creada por los roces con Perú.
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