Ecuador declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad estatal

Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad integral del Estado. A esta resolución llegó el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que además aseguró respaldar a la minería legal.

El Secretario de Seguridad del Ecuador, Diego Ordóñez, indicó que el presidente Guillermo Lasso suscribirá un decreto ejecutivo con las acciones que la fuerza pública y otras instituciones implementarán para combatir esta amenaza.

Según explicó Ordóñez a la prensa local, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas “tienen la obligación del aseguramiento del territorio para garantizar la paz y las actividades legalmente aprobadas”. La declaratoria sobre la minería ilegal busca respaldar a las concesiones mineras que operan legalmente.

En sus declaraciones, el secretario de seguridad ecuatoriano, también dijo que existen “personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten al desarrollo al país”. Para Ordóñez, “es fundamental entender que hay declaraciones de un dirigente de movimientos sociales indicando que impedirán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que hagan actividades de protección en estas zonas”, apuntó.

Esta fue la respuesta del gobierno ante lo discutido en una asamblea nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), donde los miembros buscaron elaborar estrategias de respuesta ante la presencia de la fuerza pública en sus territorios, a propósito de la operación de proyectos mineros de carácter legal.

Entre las acciones que resolvió la Conaie está la activación de las guardias indígenas y comunitarias “para defender el patrimonio de los ecuatorianos amenazados por el capitalismo minero y las transnacionales”.

Frente a esto, Ordóñez dijo que el “Estado es uno solo y debe ser resguardado en su integridad por las Fuerzas Armadas, y no existe la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman guardias indígenas o comunitarias, pretendan reemplazar el rol de la fuerza pública, que tiene por definición el uso legítimo de la fuerza”.

En diciembre de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Agencia Espacial de Colombia presentaron el estudio Diagnóstico Ambiental Andino que, entre sus conclusiones, indicó que uno de los principales problemas ambientales que afecta al Ecuador es la minería ilegal.

El estudio realizó un estado de situación de la región, en lo referido a la producción y fuentes de información, indicadores, políticas públicas, estudios especializados y programas de desarrollo, según indicó la CAN en un boletín oficial. Además, el documento sugiere directrices para que los países de la CAN adopten acciones en conjunto que conlleven al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros tratados internacionales.

Pilar Zamora, directora de la Agencia Espacial de Colombia, que colaboró con el informe, explicó que: “Ecuador tiene grandes retos de cara a la democracia ambiental, es por eso que en nuestras recomendaciones indicamos que el país debe tener espacios de representación real y efectiva para sus pobladores, pues se han presentado problemáticas e iniciativas populares en torno a proyectos extractivos. Tiene una problemática que es la minería ilegal y este es un problema que se replica en la región”.

La minería ilegal en Ecuador ha afectado a distintas poblaciones. Las consecuencias más visibles han sucedido en Zaruma, una ciudad declarada como Patrimonio del Estado ecuatoriano en 1990 por sus edificaciones de gran valor arquitectónico. La pequeña ciudad, que está habitada por 24 mil habitantes y se ubica a 108 kilómetros de Machala, la capital provincial, ahora se hunde porque hay túneles debajo de la urbe que fueron excavados para realizar actividades de minería ilegal.

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