El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que sus servicios de inteligencia habían cometido errores el 8 de enero, cuando los partidarios del ex mandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro asaltaron edificios públicos en Brasilia.
Los recientes comentarios se producen en momentos de crecientes críticas de Lula a los militares por no actuar contra los partidarios de Bolsonaro cuando decidieron irrumpir y destruir edificios de los poderes ejecutivo, judicial y ejecutivo.
“Cometimos un error elemental: mi inteligencia no existía (ese día)”, dijo Lula al canal de televisión GloboNews en una entrevista. “Tenemos inteligencia del Ejército, inteligencia de la Fuerza Aérea, ABIN (Agencia de Inteligencia de Brasil), ninguno de ellos me advirtió”.
Lula había dicho anteriormente que sospechaba que hubo colusión de “personas de las fuerzas armadas” el día de los disturbios, durante la cual miles de partidarios de Bolsonaro invadieron y saquearon el edificio del Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal.
“Tuve la impresión de que era el comienzo de un golpe de estado”, dijo Lula sobre los desmanes.
El presidente enfatizó que le gustaría mantener relaciones civilizadas con las fuerzas armadas de Brasil, pero señaló que no deben politizarse. Está previsto que se reúna con los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a finales de esta semana.
“Yo no quiero tener problemas con las fuerzas, ni ellos conmigo. Pero los que quieran meterse en política que se quiten el uniforme, renuncien al cargo y luego entren en política”, dijo Lula.
A principios de esta semana, el mandatario destituyó a más de 50 militares que custodiaban la residencia presidencial y la oficina del asesor de Seguridad Nacional, expresando su desconfianza tras los violentos disturbios en Brasilia.
Los acusados
La oficina del procurador general de Brasil presentó sus primeras acusaciones contra algunas de las miles de personas que, según las autoridades, irrumpieron en edificios de gobierno para tratar de revertir la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en la elección de octubre.
Los fiscales del grupo creado recientemente para combatir los actos antidemocráticos han pedido que los 39 acusados que saquearon el Congreso reciban la prisión preventiva y se congelen 40 millones de reales (7,7 millones de dólares) de sus bienes para ayudar a pagar los daños.
Las acusaciones son de asociación delictuosa armada, intento violento de subvertir el estado democrático de derecho, preparar un golpe de Estado y dañar la propiedad pública, dijo la oficina del procurador general en un comunicado escrito el lunes por la noche. No se ha difundido sus identidades.
“Los implicados en los disturbios intentaron, por medio de la violencia y amenazas graves, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de poderes constitucionales”, según un extracto del acta de acusación incluido en un comunicado. “El objetivo último del ataque... fue la instauración de un régimen gubernamental alternativo”.
No se les acusó de terrorismo porque bajo la ley brasileña, tal acusación debe incluir xenofobia o prejuicios basados en la raza, etnicidad o religión.
La oficina de procurador general envió las acusaciones al Supremo Tribunal Federal después que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, presentó una lista de personas acusadas de asaltar el Congreso. Se prevé que habrá acusaciones contra más personas.
(con información de Reuters y AP)
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