El parlamento de Chile define si inicia el trámite para destituir a un ministro muy cercano a Gabriel Boric

El documento que contiene los argumentos de la acusación constitucional fue ingresado por parlamentarios desde el Partido Republicano y acusa a Giorgio Jackson, ministro de Desarrollo Social, de faltar al deber de supervigilancia respecto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), infringir gravemente la Constitución y las leyes, al vulnerar el principio de probidad administrativa y por presuntas presiones a una ex autoridad de su cartera, la ex Secretaria Regional Ministerial, Patricia Hidalgo.

El actual Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que ahora es blanco de la acusación, tiene una gran amistad con el Presidente Gabriel Boric desde sus tiempos de dirigentes estudiantiles. Se conocen hace más de 10 años y ambos fueron parlamentarios, por lo anterior se interpreta que la acción que busca su destitución pretende ser un golpe duro para el primer Mandatario.

La acusación constitucional tiene sus orígenes históricos en el impeachment inglés. Le corresponde a la Cámara de Diputados de Chile asumir el rol de acusadora, una vez que ha dado curso al trámite, y le corresponde al Senado un rol de sentenciadora, para lo cual, luego de conocer los antecedentes de la acusación, resolverá como jurado, es decir en conciencia, limitándose a declarar si el acusado es no culpable del ilícito que se le imputa. De aprobarse la acusación por el Senado se produce la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el plazo de 5 años.

Para la abogada defensora del ministro Jackson, Claudia Sarmiento, la tesis esgrimida por el documento que acusa al ministro, su defendido, no existe argumento válido. “Tenemos la convicción de que no se configuran los elementos para la procedencia de esta. La aplicación que la y los acusadores hacen de las causales invocadas es errónea respecto del texto expreso de la Constitución”, advierte.

La postura de la parte legal que representa al Jackson, establece que la gravedad de los hechos por lo cual es acusado el jefe de la cartera de Desarrollo Social, no cumple con el nivel requerido para concretarse el requerimiento de la oposición. “En la presente acusación constitucional se imputan una serie de hechos que en ningún caso son de la gravedad suficiente para justificar el uso de la presente institución, más aún si consideramos que algunos se relatan de manera errónea e imprecisa”, agrega.

Así lo establece el documento presentado la defensa ante la comisión revisora encargada de darle curso a la acusación en el Congreso de Chile.

El siguiente trámite es que el partido acusador, en este caso el republicano, reúna 70 votos para poder aprobar este documento acusatorio, incluyendo a la centroderecha y Chile Vamos, que conforman la actual oposición.

Te puede interesar: Boric realiza una reforma profunda que afecta al núcleo de su Gobierno

La ministra de la Secretaría de la presidencia, encargada de las negociaciones ante el parlamento como representante de La Moneda, Ana Lya Uriarte, se refirió al trámite legislativo que busca inhabilitar a Jackson. En una entrevista para CNN Chile, dijo que “Giorgio Jackson, sin lugar a dudas, es una figura política que tiene proyección al futuro y dejarlo cinco años inhabilitado para ejercer cargos públicos alguno, por supuesto, pueden estar dentro de una estrategia (…) Tratándose de una acusación que no tiene fundamento jurídico, es posible pensar, yo no lo puede afirmar, que parte de la motivación para marcar un hecho político fuerte, que nos significa un costo en términos de tensión política”, dijo.

Para el diputado del Partido Socialista PS, Daniel Manoucheri, la acusación sobre el ministro Jackson “no tiene fundamentos y su única motivación es política”. “Lamento que los diputados que hacen gárgaras con el tema de la delincuencia están invitando a autoridades a que pierdan su tiempo en vez de estar preocupados de la delincuencia o la economía, tengan que estar preocupados de lo que es un verdadero show político”, advirtió.

Por otro lado, desde la oposición, surgieron dudas de apoyar esta acusación presentada por los republicanos. El diputado de Renovación Nacional RN, Andrés Celis es uno de ellos. “Cada vez le encuentro menos mérito desde el punto de vista técnico-jurídico. Las acusaciones uno no las puede votar como una venganza política. Mi voto será fundamentado en lo técnico-jurídico y el único elemento podría ser el de la ex seremi, pero no he visto ningún Whatsapp o documento donde él (Jackson) haya instruido que vote de alguna forma determinada. Lo único que hay son rumores o supuestos”, recalcó.

Los demandantes mueven sus piezas para reunir los votos que se necesitan para la acusación constitucional, sin embargo hay varios congresistas que no definen su voto, al menos públicamente.

El ex integrante del Partido de la Gente PDG, uno de los más representativos del Congreso en Chile, Víctor Pino, comprometió los siete votos de la bancada Independientes Social Cristianos a favor de la acusación. “Hemos tomado la determinación que esta acusación tiene los méritos suficientes para ser aprobada. Estamos disponibles para apoyar esta acusación”, dijo.

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro, despachó con informe negativo el libelo acusatorio. En concreto, el diputado Bernardo Berger (IND-RN) votó a favor de este proceso, mientras que los votos en contra fueron de Karol Cariola (PC), Ericka Ñanco (RD) y Clara Sagardía (IND- Frente Amplio). En tanto, el parlamentario Joaquín Lavín Jr. (UDI) se abstuvo.

Seguir leyendo