
La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez comparó este miércoles la detención del gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, con su aprehensión y dijo que el operativo policial fue un “secuestro”.
Áñez responsabilizó al presidente de Bolivia, Luis Arce, al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y al ex presidente Evo Morales de montar “un megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador Luis Fernando Camacho”.
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La ex jefa de Estado, quien está detenida en un penal de La Paz desde marzo de 2021, asemejó la acción policial contra Camacho con su detención en la amazónica ciudad de Trinidad y el posterior traslado a La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento del país.
“Repudio y denuncio el abuso intolerable que trae más dolor y odio entre bolivianos”, señaló Áñez en sus redes sociales que son manejadas por sus familiares.
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El arresto de Camacho trascendió después del mediodía de este miércoles en momentos en que se dirigía a su vivienda en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y bastión político de la oposición, cuando fue interceptado por agentes policiales armados vestidos de civil, según relataron sus allegados.
Minutos después, el ministro de Gobierno confirmó el operativo y afirmó que responde al “cumplimiento de una orden de aprehensión”, aunque no explicó debido a qué caso judicial se trata.
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Sobre Camacho pesa una denuncia por terrorismo en el llamado caso “golpe de Estado I” por la crisis de 2019 y las protestas ante los fallidos comicios de ese año señalados de fraudulentos y que provocaron protestas sociales que derivaron en la renuncia de Morales, que denunció un “golpe de Estado” en su contra.
Justamente ese proceso judicial dio paso a la detención de Áñez y algunos de sus ex ministros, aunque finalmente la ex presidenta de transición fue condenada a 10 años de prisión por el denominado caso “golpe de Estado II”.
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Además de este proceso, contra Camacho también hay numerosas denuncias del oficialismo como la huelga de 36 días cumplida en Santa Cruz entre octubre y noviembre de este año para exigir la pronta realización del censo de población.
(Con información de EFE)
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