La directora de la División de las Américas de la Organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, calificó como lamentable que los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México respondieran a la crisis política en Perú con un comunicado en el que se victimiza al ex presidente Pedro Castillo.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Goebertus señaló que América Latina debe “apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”.
La representante de Organización destacó en su mensaje que Castillo " intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción”, asunto que no fue mencionado en el comunicado de los cuatro países de la región.
Luego de que Pedro Castillo fuera destituído tras intentar realizar un autogolpe en Perú, México, Colombia, Bolivia y Argentina defendieron el accionar del ahora ex mandatario, no se refirieron a su intento de diluir el Congreso peruano y plantearon su “preocupación por los recientes sucesos” en el país latinoamericano.
En un comunicado, los gobiernos de México, Argentina, Bolivia y Argentina expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, sostiene el comunicado.
En esa línea, los cuatro países instaron “a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Por último, el comunicado concluyó: “Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado”.
Por su parte, Castillo tildó de “usurpadora” a Dina Boluarte y aseguró que está “secuestrado” en la sede de División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), en Ate, donde se encuentra recluido desde el último miércoles 7 de diciembre tras el fallido autogolpe.
“Lo dicho recientemente por una usurpadora, no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista. Por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. ¡Basta de abusos! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Libertad inmediata!”, escribió en la segunda misiva que envía desde la cárcel.
El exjefe de Estado declaró que está siendo “humillado, incomunicado, maltratado”, pero que se mantiene firme por las protestas en varias regiones que piden su liberación.
“Querido pueblo peruano grandioso y paciente. Yo Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”, agregó.
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