Tras conocerse este jueves la decisión del Ejecutivo de Bolivia de suspender temporalmente la exportación de grano, torta, soja, azúcar, aceite y carne, los productores agroindustriales y los gremios de exportadores se manifestaron en oposición.
Este grupo de trabajadores de Santa Cruz constituye el principal motor económico de Bolivia ya que solo los envíos al exterior del sector oleaginoso equivalen al 80% de la producción.
Ante la medida “preventiva” del Gobierno, en el marco del conflicto por el censo de población y vivienda, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores local (Cadex), Oswaldo Barriga, y su homólogo de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, difundieron un video conjunto en el que dieron a conocer su preocupación y “rechazo contundente” al respecto.
Barriga consideró que la medida de Arce es “desacertada e irresponsable” y que fue tomada “con una visión política” y no técnica. A su vez, explicó que tanto el sector azucarero como el de la carne y la soja ya se encuentran “hace muchos años” bajo regulación del Gobierno Nacional. Es por esto que el Ejecutivo les otorga los cupos habilitados para la exportación, tras un análisis sobre la producción y los excedentes.
Por otro lado, se remitió a los últimos años para remarcar que “nunca ha estado desabastecido el mercado” interno, lo que debilita el argumento planteado por las autoridades sobre los riesgos que se corren para satisfacer la demanda al interior del país.
“A través de esta medida se pone en riesgo más de 300.000 empleos, se pone en riesgo más de 470 viajes diarios de camión, 470 choferes de camión que tienen que alimentar a su familia y que todos los días hacen viajes hacia las fronteras y puertos a nivel internacional”, concluyó.
Amantegui expuso también sus argumentos durante el video y explicó cómo es que se calculan las cantidades habilitadas para exportación y cuánto se destina a consumo interno. Los cupos de envíos al exterior se fijan en dos momentos: a principio y a mitad de año. De esta forma, el producto destinado al mercado interno es almacenado y reservado, y es condición necesaria para obtener los permisos del Ejecutivo para vender los excedentes al exterior.
Es por ello que responsabilizó del faltante de productos en otras regiones bolivianas al “cerco” con bloqueos de vías que instalaron sectores afines al oficialismo en un intento por contrarrestar la huelga ciudadana.
Esta decisión de aislar a la región del resto del país se dio este jueves por órdenes de grupos cercanos a Luis Arce y provocó el cierre de las cuatro principales carreteras que conducen a otras regiones del país, así como a Brasil y Argentina.
El sector agroindustrial fue un importante factor dentro de la reactivación económica que atraviesa el país. Hasta agosto, la contribución por las exportaciones fue de más de USD 1.6 millones. “Queríamos seguir con ese accionar de exportación para reactivar la economía de Bolivia. Con esta medida están truncando estas posibilidades y nos están poniendo en una situación muy difícil”, lamentó.
Ambos sectores pidieron al presidente Arce que reconsidere la medida a fin de evitar un gran daño a la matriz productiva y a la credibilidad de Bolivia como proveedor internacional.
En un intento por poner fin a las manifestaciones ciudadanas que hace días se dan en todo el país en reclamo por la realización del censo de población en el 2023, el Gobierno dispuso la medida “hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana”. La órden entró en vigencia este jueves y acompañó las acusaciones del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien apuntó contra quienes protestan por “las consecuencias de la paralización del sector productivo” y por “atentar contra la seguridad alimentaria de la población boliviana”.
“Solo ellos son culpables del daño y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional”, agregó el ministro.
(Con información de EFE)
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