La Diócesis de Siuna denunció este lunes la detención y desaparición de uno de sus sacerdotes, en medio de tensiones entre el Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.
“La tarde del domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavidez, párroco de la Parroquia Espíritu Santo”, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, informó la Diócesis de Siuna en una declaración.
Esa jurisdicción de la Iglesia católica dijo desconocer las causas o motivos de la detención del sacerdote. “Esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, agregó.
La Diócesis de Siuna invitó a los fieles católicos a unirse en oración por Benavidez, “que su única misión es y ha sido anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra, vida y salvación para todos”.
Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que el sacerdote fue detenido de forma arbitraria. “Según informaciones, fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla (policial) con rumbo desconocido”, indicó el Cenidh en una declaración.
Benavidez es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año en Nicaragua, y el noveno que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y otros cinco sacerdotes que están encerrados desde el pasado día 4 en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa (norte).
Siuna fue la primera diócesis que brindó su apoyo público a Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar “organizar grupos violentos”, aunque hasta ahora no ha ofrecido pruebas.
ROCES EN LA RELACIÓN ESTADO-IGLESIA
La detención de este sacerdote se da en medio de una serie de acciones del régimen sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, que incluye la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
También el confinamiento del obispo Álvarez junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, en la sede episcopal provincial de Matagalpa, que está sitiado por fuerzas especiales policiales.
Además la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la cancelación de la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia.
Ortega tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia han llegado a su punto más crítico después que las autoridades ordenaran el cierre de emisoras católicas y prohibido procesiones religiosas.
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, crítico de Ortega, está siendo investigado por el supuesto delito de conspiración y se mantiene desde hace dos más de dos semanas cercado por la policía en el Palacio Episcopal de la diócesis que dirige en el norte del país.
Durante la crisis política del 2018, cuando se registraron duras protestas contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, la Iglesia fungió como mediadora entre los protestantes y las autoridades.
Sin embargo, las relaciones se han agrietado. Un obispo está en el exilio junto a varios sacerdotes y otros están encerrados en seminarios y parroquias.
El régimen sandinista ha señalado a varios sacerdotes y obispos de conspirar contra Ortega y la Iglesia ha pedido justicia para más de 360 personas que murieron durante las protestas, la mayoría opositores a manos de civiles armados leales al mandatario, según organismos de derechos humanos.
La comunidad católica representa un 58,5 % de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
(Con información de EFE)
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