El Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República presentaron el lunes un recurso de apelación al fallo del juez Alejandro Recarey, que establece la suspensión de la vacunación contra el covid-19 en menores de 13 años. Este dictamen había sido emitido el jueves de la semana anterior y aplicaba de manera inmediata.
A pesar de que había plazo hasta este martes para entregar la apelación, las autoridades decidieron entregarla al lunes. Lo que busca el Ejecutivo es poder revertir la decisión tomada por Recarey y continuar con la vacunación en esa franja de edad, algo respaldado por la evidencia científica.
Este martes sobre las 14:30 se realizará una segunda apelación; esta vez para revertir la acción de amparo presentada por dos mujeres que consideran discriminatoria la exigencia de un test de covid-19 para ingresar al país. En este sentido y además de pedir que este requisito sea eliminado, Recarey solicitó información sobre la composición y los posibles efectos de la vacuna.
El caso
Hace menos de dos semanas, el abogado Maximiliano Dentone presentó una acción de amparo contra la vacunación de menores de 13 años. En ese sentido, el juez Recarey intimó al Poder Ejecutivo y al laboratorio Pfizer para que, en una audiencia, revelaran información variada sobre las vacunas.
El jueves pasado transcurrió la segunda y última parte de la audiencia y, sobre el mediodía, las partes fueron comunicadas respecto al fallo: se suspendería inmediata y provisoriamente la vacunación contra el coronavirus en niños menores de 13 años.
Según indico el juez en el escrito, la resolución se mantiene hasta que “se publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas” (firmados con cláusula de confidencialidad), se informe sobre “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto —a suministrar a los responsables de los menores de edad— que informe completamente y con claridad”.
Durante la audiencia del miércoles, los representantes del MSP, de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de Presidencia recusaron al juez Recarey por entender que había prejuzgado y que no era imparcial en el tema. Sin embargo, el propio Recarey rechazó la recusación.
Una vez emitido el fallo se suspendió la inoculación de la población comprendida en el rango afectado y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, realizó una conferencia de prensa en la que anunció que se apelaría el fallo de manera inmediata. “Además de poner en riesgo la salud de los menores, está cuestionando el trabajo de la comunidad científica uruguaya”, declaró.
En ese sentido, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se puso a disposición del MSP para “la construcción de los argumentos que sean necesarios”. Además, en una carta dirigida al ministro de Salud Daniel Salinas, señaló que “la vacuna ARN mensajero contra la covid-19 de Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para todas las personas mayores de cinco años”.
Por otro lado, docentes y autoridades de Facultad de Medicina rechazaron el dictamen judicial y lo consideraron como “científicamente equivocado, epidemiológicamente riesgoso y socialmente irresponsable”. En esa misma línea se manifestó el Sindicato Médico del Uruguay (SMU): “Queremos transmitir un mensaje de preocupación frente a la decisión del Poder Judicial. Creemos que no ha sido acertada”, declaró su presidenta, Zaida Arteta.
La argumentación
Cuatro días después de que el juez resolviera suspender la vacunación se presentó ante la Justicia un recurso de apelación al fallo basado en información científica.
En la apelación se incluyen “todos los vicios formales que hubo dentro del proceso, la recusación al juez y después sobre el fondo del asunto, que no tiene sentido de ser la demanda que presentaron”, comunicaron fuentes del MSP a La Diaria. Desde el Ejecutivo se entiende que esto es transitorio y que el Tribunal de Apelaciones estará a su favor.
Este martes se notificará al demandante —el abogado Dentone— sobre la apelación realizada y a partir de ahí comenzará a correr el plazo para su respuesta. Existe la posibilidad de que un tribunal superior evalúe la sentencia en primera instancia y decida anular o enmendar el fallo.
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