La ONG Justicia 11J lanzó este miércoles una campaña para solicitar que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros.
”No existe una cifra definitiva de personas detenidas por su participación en las protestas de julio de 2021, se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación”, criticó la organización en una nota de prensa con la que lanzó la campaña que llevará como nombre “Miren las prisiones de Cuba”.
Insistió en que “se desconoce la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidos, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.
La ONG recordó que una investigación reciente de la organización Cubalex documentó 14 técnicas de torturas aplicadas en las cárceles del país y que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha ingresado en un centro penitenciario cubano desde hace más de 30 años.
Bajo el auspicio de la organización Artículo 19, distintas organizaciones civiles internacionales presentaron el pasado 18 de mayo en México el informe “En Cuba se tortura” con las recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que revisó la situación en la isla en abril pasado.
La asociación Prisoners Defenders, con sede en España, documentó de 1.500 a 2.000 procesados, además de más de 1.000 que siguen en procesos penales pendientes, por participar en las históricas manifestaciones de julio pasado contra el Gobierno cubano.
Rebaja de penas
El martes, el Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP) redujo las penas hasta por 11 años de cárcel a 31 personas -entre ellos seis menores de 16 y 17 años- que participaron en las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio (11J) en La Habana y subsidió las condenas con trabajo correccional a otros 7 (en 3 casos sin internamiento).
La revisión del Supremo corresponde a los hechos que acontecieron en la zona popular de Esquina de Toyo de La Habana, en la que se volcó una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) durante las protestas de aquel día.
Seis de los manifestantes que vieron reducidas sus penas tenían 17 y 16 años de edad al momento de su detención. La edad mínima penal en la isla es 16.
En total, los manifestantes fueron condenados por 294 años en conjunto, con condenas individuales de hasta 17 años de cárcel.
(Con información de EFE)
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