La ONU denunció injerencia política y corrupción en el sistema judicial de Bolivia tras la condena a la ex presidenta Jeanine Áñez

El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados sostuvo este martes “que todas las personas” tienen derecho a un juicio justo, en referencia a la reciente condena a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, y afirmó que la justicia boliviana está afectada por la injerencia política, la lentitud y la corrupción.

En la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra el Relator Diego García-Sayán afirmó que el caso de Áñez “pone de manifiesto temas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva”. García-Sayán visitó Bolivia en febrero para recabar información sobre el estado del Poder Judicial.

Entre otros problemas estructurales citó el “gran rezago”, la corrupción “que incide en una profunda desconfianza en la administración de justicia” y el hacinamiento en las cárceles que ronda el 349 por ciento.

Áñez, de 54 años y detenida desde hace 15 meses, fue condenada a 10 años de prisión el 11 de junio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión legislativa en la que se proclamó presidenta en su condición de vicepresidenta del Senado.

El Ejecutivo había quedado acéfalo tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales luego de las elecciones de noviembre de 2019 en las que buscaba su cuarto mandato y que fueron señaladas de fraudulentas por la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al menos 37 personas murieron en los dos meses de protestas que siguieron a la crisis política.

La ex mandataria enfrenta otros procesos, entre ellos por la muerte de 20 seguidores de Morales. El ex presidente es el jefe del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y ha sido señalado por la oposición por su presunta injerencia en la justicia. Morales, no obstante, ha rechazado las acusaciones.

“Las víctimas de violencia de género y de las violaciones de los derechos humanos producidas en el contexto de la crisis política de 2019 siguen esperando justicia”, remarcó el Relator.

En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, García-Sayán llamó a los actores políticos a impulsar una reforma de la justicia boliviana. La Unión Europea también se comprometió a apoyar esos esfuerzos que hasta ahora no han prosperado debido a la fuerte polarización política en el país andino.

Desde La Paz y a través de una videoconferencia el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió en la sesión que el gobierno boliviano está empeñado en transformar la justicia con el “escrutinio de la comunidad internacional” y que las recomendaciones del Relator “ya han recibido respuesta con acciones concretas”.

Las palabras de García-Sayán tienen lugar días después de que la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señalara seis aspectos significativos que han afectado al proceso judicial del caso ‘Golpe de Estado II’, entre los que se encuentra “el uso excesivo” de la detención preventiva de los acusados.

La OACNUDH, que estuvo como observadora del caso para verificar el correcto desarrollo del procedimiento judicial en el que se ha condenado a la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez a diez años de cárcel, según el marco de las normas y estándares de Justicia internacional, indicó seis puntos que “requieren una respuesta integral en el enfoque de Derechos Humanos”.

Por una parte, la oficina de la ONU destacó “el uso excesivo y no excepcional” de la detención preventiva como medida cautelar, y ha sostenido que se trata de “un desafío estructural” en el país. “En el proceso judicial en cuestión, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”, expresó la OACNUDH en un comunicado.

La Misión de la Alta Comisionada también observó que el tipo penal de “incumplimiento de deberes” de la resolución contra Áñez “es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, y ha instado a Bolivia a que lo cambie para que se base “en una determinación individualizada”.

(Con información de AP y Europa Press)

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