La Corte de Ecuador envió a la Cancillería el expediente para tramitar la extradición de Rafael Correa

Este viernes 27 de mayo de 2022, la Corte Nacional de Justicia resolvió enviar una petición al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para que se proceda con la extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado por delitos de corrupción.

Este proceso de extradición inició en abril de 2022 cuando el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, expidió esta providencia. Inmediatamente el expediente fue remitido a un perito acreditado para que lo tradujera correctamente al francés, idioma oficial del Reino de Bélgica, país donde Correa reside actualmente en condición de prófugo de la justicia del Ecuador.

Saquicela dijo que este pedido de extradición del expresidente del Ecuador es una solicitud sustentada en argumentos objetivos y jurídicos. Así lo afirmó el viernes 22 de abril. Agregó que como presidente del más alto tribunal de justicia del país tiene la competencia para plantear esta solicitud. “Mi trabajo se limita a un aspecto eminentemente técnico-jurídico y no político”, indicó Saquicela en ese momento.

El recurso administrativo frente a la Cancillería del Ecuador se basa en la existencia de la sentencia ejecutoriada, expedida legítimamente por los más altos tribunales de justicia del Ecuador y que establecen sanciones de índole penal en contra del expresidente Rafael Correa por liderar un esquema de corrupción que perjudicó al Estado ecuatoriano por millones de dólares. La causa ha sido denominada por la Fiscalía del Ecuador como el caso Sobornos 2012-2016. El presidente Saquicela confirmó que la Sala de lo Penal, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, a través de sus 10 jueces, ratificaron esta condena.

El ex presidente Correa, que gobernó Ecuador por diez años, fue sentenciado como autor mediato por instigación en ese caso, por el que debe cumplir ocho años de prisión. Entre 2012 y 2016, durante el segundo mandato de Correa, altos funcionarios de gobierno, incluido su entonces vicepresidente Jorge Glas, recibieron sobornos de parte de multinacionales, entre ellas Odebrecht. El dinero servía para financiar al movimiento Alianza PAIS, con el que Correa llegó a la Presidencia en el 2006.

Saquicela insistió que esta solicitud no obedece a una persecución política porque la solicitud de extradición no responde a fundamentos de orden ideológico, sino al impulso de un trámite que busca el cumplimiento de responsabilidades asociadas a delitos de corrupción establecidos legítimamente por la justicia del Ecuador. Solicité la “extradición en estricto derecho, por un delito de cohecho. He actuado con la valentía que el país requiere para luchar en contra de la corrupción, la impunidad y el crimen organizado”, explicó Saquicela.

También reveló que dicho pedido se basa en la Ley de Extradición vigente en el Ecuador y en el Tratado de Extradición también en pleno vigor, suscrito entre Ecuador y Bélgica, concordante con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

El pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirmó que esa nación otorgó a Correa el estatus de refugiado. Desde que terminó su periodo, Correa reside en Bélgica país de donde procede su esposa, Ann Malherbede.

Christophe Marchand, abogado de Correa, explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que lo relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado “caso Balda”.

Sin embargo, el Consejo de la Judicatura de Ecuador dio a conocer el pasado viernes 20 de mayo, hace una semana, la suspensión temporal del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, acusado por este órgano disciplinario de la Función Judicial de retrasar deliberadamente la solicitud de extradición. Saquicela inmediatamente advirtió que la medida de suspensión busca la impunidad en un caso que involucra al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.

El Pleno del Consejo de la Judicatura dictó la medida preventiva de suspensión por 90 días a titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, “por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia” y tras la “denuncia relacionada con (un) supuesto retardo en (la) tramitación de un caso de extradición”, indicó el mismo Consejo de la Judicatura a través de su cuenta oficial de Twitter.

Saquicela contesto en la misma red social que esta maniobra administrativa busca que “no prospere el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa”, y que con esto “quieren impunidad”. Calificó esta suspensión como una “paradoja”. También Saquicela reveló el pasado 22 de abril que se solicitó formalmente a Bélgica la extradición del expresidente Correa, condenado en Ecuador a 8 años de prisión por delitos de cohecho y a 25 años de inhabilitación política como consecuencia de este delito cometido en contra de la administración pública.

El juez nacional ha sido criticado desde varios sectores de la opinión pública por la demora de la Corte Nacional en adoptar esa medida después de que, en septiembre de 2020 la justicia condenara a Correa, y después de que se agotaran todas las instancias judiciales. Sin embargo, Saquicela está al frente de la Corte Nacional desde febrero de 2021.

El lunes 30 de mayo próximo se conocerá la decisión a la que llegue el juez que conoció la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia para revertir la suspensión de 90 días que se le impuso con dos de tres votos en el pleno del Consejo de la Judicatura, pasado el 20 de mayo.

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