Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, decidió criticar a la prensa a través de una serie de posteos en la red social Twitter.
“Existen medios que dicen informar, pero lo que realmente hacen es proteger intereses de las estructuras criminales. Sí, me refiero a @elsalvadorcom y @prensagrafica”, escribió en Twitter, arrobando a las cuentas de los medios salvadoreños ElSalvador.com y La Prensa Gráfica.
“¡HIPÓCRITAS! Están del lado de los terroristas y sus aliados de la oposición para tergiversar información”, espetó.
Y prosiguió: “Por años, nuestro país estuvo sometido a la voluntad de gobiernos que negociaron con la sangre de los salvadoreños, llenando de luto a las familias, y de medios que se lucraron de este dolor. ¡Ya basta! La historia de nuestro país está cambiando, dejen de atemorizar al pueblo”.
“Los resultados son claros y contundentes, estamos limpiando nuestro país de un mal que viene de años y que ningún otro gobierno tuvo el valor de hacer. Sabemos que contamos con la aprobación del pueblo y vamos a seguir en esta ardua labor, por El Salvador que nos merecemos”, finalizó su hilo de Twitter.
José Miguel Vivanco, saliente director de Human Rights Watch Americas que será pronto reemplazado por la congresista colombiana Juanita Goebertus, dijo que este mensaje es una “amenaza directa del jefe de seguridad de Bukele contra los dos principales periódicos de El Salvador”.
“Espero que Washington le aplique a este personaje la Ley Magnitsky por atentar contra la libertad de prensa, piedra angular de la democracia”, agregó.
Desde la Sociedad Interamenicana de Prensa (SIP) alertaron en abril que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha pasado a una instancia superior de la escalada contra los medios independientes. Su gobierno aprobó varias leyes contra los medios y arrecian los abusos, los atropellos y la amenaza en ese país. Lo igualaron con el régimen de Nicolás Maduro.
La gravedad es tal que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), junto a la organización Cristosal, acudió a fines del mes pasado al Supremo para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio “criminaliza” a la prensa por informar sobre las pandillas, esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales.
“Es muy importante sentar este precedente. Nuestras expectativas son limitadas, dado que se trata de una Sala de lo Constitucional espuria” y “tenemos que agotar las instancias nacionales antes de proceder a otro tipo de instancias internacionales”, dijo en rueda de prensa el presidente de la APES, César Castro Fagoaga.
Ambas organizaciones cuestionan a la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dado que esta fue nombrada irregularmente en mayo de 2021 y entre ellos se encuentran ex abogados de altos funcionarios y ex asesores del Gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, Castro indicó que es momento para que “los magistrados impuestos escojan de qué lado quieren estar”.
“Es una buena oportunidad, pese a estar arrodillados a Casa Presidencial, de revelarse y de trabajar apegados a la Constitución”, apuntó el periodista.
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