El gobernador de Santiago de Chile, Claudio Orrego, anunció este lunes un inédito plan de racionamiento de agua para la capital ante la eventual necesidad de cortar los suministros, un escenario que no descartan en el corto plazo las autoridades ante la grave sequía que atraviesa el país trasandino.
“Hay que darse cuenta de la situación en la que estamos. Ya llevamos 12 años de sequía, por lo tanto existen hartas posibilidades de que tengamos este tipo de situaciones”, manifestó Orrego en un punto de prensa.
El protocolo establece cuatro tipos de alerta en función de la emergencia, siendo la más grave la “alerta roja”, que permitiría realizar cortes rotativos de un máximo de 24 horas.
El racionamiento afectaría a más de 1,5 millones de personas de los casi 8 millones que habitan la Región Metropolitana y que se abastecen de agua del río Mapocho y el río Maipo.
Antes, señaló el gobernador, podrían darse otros tres panoramas: alerta verde, que implica la priorización de uso aguas subterráneas; alerta preventiva, que exige la verificación de recursos; y alerta amarilla, implica la reducción de presiones de salida del agua.
Este plan entraría en vigor si desde el Gobierno decretan el racionamiento de agua, algo que el pasado marzo, el nuevo presidente, Gabriel Boric, no descartó en el corto o mediano plazo, especialmente en las tres zonas del este de Santiago que atraviesan la situación más crítica.
Según el mandatario, son Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, tres de los barrios más acomodados del país, los que más riesgo corren ya que también son los que más agua consumen, superando la media mundial por cuatro o cinco veces, según un estudio de la Universidad de Chile.
Chile es el país con mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la sequía desde hace una década, según Greenpeace.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), 2021 fue el cuarto año más seco desde que hay registros y todas las regiones presentaron un déficit del 50% en las precipitaciones, especialmente las de la zona central, que acoge a Santiago.
Los expertos achacan la falta de agua a la escasez de lluvias, pero también al régimen de propiedad de agua, que se encuentra en un 80% en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.
Este sistema se sustenta en el Código de Aguas de 1981 -redactado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)-, una regulación que entregó a perpetuidad los derechos de agua y los convirtió en bienes transables.
Boric se reunió el domingo pasado junto a sus ministros para hacer balance y “autocrítica” de la gestión del primer mes al frente del país, dijo la portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo.
“Evidentemente ha sido un proceso de instalación dificultoso. Hemos tenido algunos problemas que hemos ido enfrentando, que por cierto da cuenta de que no basta decir que somos un gobierno nuevo, que se instala desde cero, sino que también requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor”, señaló Vallejo en rueda de prensa.
La funcionaria indicó que después de cuatro semanas desde la asunción el pasado 11 de marzo, el gobierno ha tenido que enfrentar “problemas, errores y dificultades” en el día a día que le han valido la crítica de la oposición de derecha y parte de la ciudadanía.
Particularmente afectada se ha visto la imagen de la ministra del Interior, Izkia Siches, tras una falla de seguridad que la expuso en una visita al sur a la zona en conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, y una errada acusación sobre gestión migratoria en una comparecencia en el Congreso.
A pesar de ello, Boric declaró que confía y respalda a Siches, quien tuvo que pedir disculpas públicamente tras fallas de comunicación interna en el gabinete.
(Con información de EFE y AFP)
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