Un nuevo baño de sangre se tomó una de las cárceles del Ecuador. La madrugada del último domingo, el Centro de Privación de la Libertad N.1, conocida como la cárcel de Turi, fue el epicentro de disparos, asesinatos y decapitaciones. La última información oficial detalla como saldo de la masacre hay 20 presos muertos, cinco multilados y cinco heridos de gravedad. Sin embargo, se cree que la cifra de víctimas podría ser mayor.
Desde que iniciaron los disparos, decenas de familiares de los presos que cumplen su condena en Turi se acercaron a los exteriores de la cárcel para obtener respuestas sobre el Estado de los suyos. Las familias pasaron más de 15 horas consecutivas en el lugar hasta que empezó a conocerse la primera información oficial sobre los fallecidos.

Como en las masacres carcelarias del año anterior, fuentes extraoficiales han confirmado que ya se sabía que habría el amotinamiento de Turi desde hace una semana. Desde las 4:00 del domingo, las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para desplegar acciones que les permitan controlar la violencia dentro de la prisión. Incluso la Fuerza Aérea trasladó a más uniformados para que apoyen a los 800 policías y militares que estaban en la prisión. La cárcel de Turi está al mando de una de las megabandas del país: Los Lobos.
Los Lobos son la segunda megabanda más grande del Ecuador. Se estima que 8.000 prisioneros se adhieren a la pandilla. En la cárcel de Turi, Los Lobos mandan dentro de la prisión de 1.600 reclusos.
La violencia dentro de la cárcel se produjo, según el ministro del Interior, Patricio Carrillo, porque hubo una rebelión en contra de “una de las células delictivas”, que prefirió no identificar, pero que se trataría de Los Lobos, quienes se habrían enfrentado a bandas más pequeñas dentro de la cárcel. Las autoridades aseguran que hay una pugna de poder en la prisión de Turi. Las versiones de otras fuentes no oficiales, señalan que los presos de máxima seguridad no están de acuerdo con un posible traslado, por lo que habrían iniciado enfrentamientos entre los pabellones de máxima y mínima seguridad. Carrillo también informó que, gracias al uso de drones, se constató que los presos portaban fusiles de guerra.

La CIDH, en su más reciente informe sobre las cárceles de Ecuador, ya advirtió que el sistema penitenciario está atravesado por la corrupción y está controlado por las bandas criminales. Por razones como esas, el ingreso de armamento de alto calibre a las prisiones se facilita.
La violencia carcelaria afecta también a los reclusos que no pertenecen a ninguna banda o que intentan mantenerse al margen del conflicto. Durante la tarde del domingo, una escena desgarradora se observaba en Turi. Varios presos subieron a los techos de la prisión con telas blancas, que ondeaban como banderas. Pedían ayuda. La Policía los dispersaba lanzándoles gases lacrimógenos, mientras las familias imploraban que se “haga algo”. Según algunos reportes periodísticos, desde que inició el motín, las súplicas de los reos no pararon: “Señor, por favor, ayúdanos, sálvanos señor Jesucristo”, se escuchaba de algunos de ellos. Otros decía: “¡Auxilio, mi Sub (como comunmente se les dice a los uniformados)! No nos vamos a escapar. Queremos salvar nuestra vida”.

La noche del 3 de abril, casi 24 horas después de iniciados los enfrentamientos, el ministro Carrillo anunció que “el Centro de Privación está bajo control” y anunció que aislaron a cerca de 90 personas que estaban en los pabellones involucrados en los actos violentos. Asimismo, el ministro aseguró que la Policía Nacional realizará requisas para “limpiar” la cárcel de armas u otros artefactos ilegales. “De tal manera que entreguemos un centro en mejores condiciones y que tenga los reforzamientos necesarios dentro de las primeras 48 horas, para que sea administrado de mejor manera y absolutamente limpio de armas”, señaló Carrillo.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, ha asegurado que desde la cartera de Estado que dirige se dará ayuda psicológica para los familiares de los presos que fueron víctimas de la masacre. Además, Ordóñez ha anunciado que el Estado donará los ataúdes para los reos asesinados y cubrirá todos los costos de las autopsias y otros protocolos de ley.
Los baños de sangre en las prisiones ya dejaron en 2021 más de 315 reos asesinados. Las autoridades aseguran que la violencia se genera por las pugnas de poder entre las bandas criminales que controlan las cárceles y que están relacionadas con el narcotráfico. Al mismo tiempo, la violencia en las calles se ha duplicado en los primeros meses del 2022, al igual que las incautaciones de drogas. La seguridad y la rehabilitación del sistema penitenciario son un punto neurálgico para la administración de Guillermo Lasso, quien en mayo cumplirá un año en el poder.
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