La violencia psicológica contra las mujeres es el segundo delito más denunciado en Ecuador

La violencia psicológica contra las mujeres es el segundo delito más denunciado en el Ecuador, superado únicamente por los robos. Desde hace siete años, este tipo de agresión se ha mantenido en la misma posición. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, las denuncias por violencia psicológica representaron el 10 % de la totalidad de denuncias registradas el año anterior.

Entre el 2014 y el 2020 se reportaron 263.462 denuncias por violencia psicológica contra la mujer o miembros de la familia. Las cifras demuestran que durante el confinamiento para contener la pandemia por coronavirus en 2020, la violencia psicológica no se redujo. Entre marzo y septiembre de ese año hubo 11.323 casos de mujeres agredidas psicológicamente, superando a las denuncias por violencia física. En el 2021, 30.707 de 295.000 causas ingresadas en la Fiscalía fueron por este delito, lo que equivale a un promedio de 84 denuncias por día.

En Ecuador, la violencia psicológica es considerada un delito según el Código Orgánico Integral Penal. En la normativa, se define que “comete este delito quien realice amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica en la mujer o en los miembros de la familia”.

Según ONU Mujeres, la violencia psicológica, “consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo”. Este tipo de agresión está catalogada como una forma violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado.

A la violencia psicológica, en Ecuador, se la sanciona con cárcel en periodos de entre seis meses y un año. Sin embargo, si la víctima adquiere una enfermedad o trastorno mental por la violencia vivida, el agresor sería sancionado con prisión de uno a tres años. De igual manera, si la violencia psicológica se ha ejercido sobre niños, adultos mayores, embarazadas, personas en situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, es decir tres años, aumentada en un tercio.

Los agresores y los costos de la violencia

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador indican que 5 de cada 10 mujeres ecuatorianas ha sido víctima de violencia psicológica. Las estadísticas demuestran que las parejas o exparejas de las víctimas fueron los agresores en más de la mitad de los casos.

El Ecuador tiene el segundo lugar de mayor prevalencia en Latinoamérica de violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, según un estudio desarrollado por la Cooperación Alemana, a través del programa Prevención de la violencia contra las mujeres, junto a la Universidad San Martín de Porres de Perú.

El estudio comprueba que la violencia contra la mujer es un problema constante. El 59,2% de las mujeres ecuatorianas entre los 18 y 65 años ha sido violentada al menos una vez por su pareja o expareja. En el último año, explica el estudio, el 42 % de mujeres fue agredida con alrededor de 23 ataques al año. El tipo de violencia más frecuente es la psicológica (40,6%), le sigue la física (18,7%), la económica (15,5%) y la sexual (6,7%). A pesar de esto, solo el 13 % de mujeres agredidas ha buscado asistencia y protección.

Entre los resultados del estudio está que los costos a nivel nacional de Ecuador por causa de la violencia contra la mujer ascienden a los USD 2.084,5 millones. Lo que equivale al 1,92% del PIB. El 57,58% de estos costos lo asumen las mujeres agredidas, el 26,08%, sus hogares, y el 16,34%, la comunidad. El Estado asume aproximadamente USD 522,8 millones como consecuencia directa de la violencia contra la mujer. Los recursos sirven para cubrir los costos en justicia, salud, educación y administración.

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