Las maniobras criminales del gobierno de Nayib Bukele que quedaron al desnudo con las sanciones de la Casa Blanca

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha listado a la jefa del gabinete de Nayib Bukele, a su director de prisiones y a un funcionario de la presidencia como responsables de actividades criminales. A la primera la acusa de participar en corrupción con fondos para atender la pandemia de Covid-19 y a los otros dos de ser los principales operadores de un pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18. A todos Washington les impuso sanciones financieras amparado la Ley Magnitsky.

Las sanciones, además de provocar una aireada respuesta de Bukele que ha llevado hasta extremos sin precedentes la crisis diplomática con Estados Unidos en la que el salvadoreño ha embarcado a su país, dan ahora aval político a señalamientos sobre irregularidades, corrupción y actos criminales que la prensa y organizaciones civiles salvadoreñas habían hecho incluso antes de que el popular político se inauguró como presidente en junio de 2019. Por esos señalamientos, Bukele y sus funcionarios emprendieron la persecución y acoso a sus críticos.

Primero llegó, el 8 de diciembre, la nominación de Osiris Luna Meza, director general de centros penales de El Salvador (DGCP) y de Carlos Marroquín Chica, director de la unidad de reconstrucción del tejido social de la presidencia, a quienes el Departamento del Tesoro en Washington responsabiliza de llevar adelante las negociaciones entre el gobierno Bukele y la MS13 y el Barrio 18 para garantizar reducciones en las cifras de homicidios y beneficios electorales.

Aunque no nombra al presidente como sujeto de sanciones, el Tesoro estadounidense (DOT, en inglés) señala a la administración de Nayib Bukele como líder de las negociaciones y de las actividades criminales que de esta se han desprendido; por ejemplo, de la entrega de dinero público como incentivo financiero para las pandillas. Luna y Marroquín, dice el gobierno estadounidense, eran “los representantes” de Bukele en las negociaciones.

Las legislaciones de Estados Unidos y El Salvador entienden a las pandillas MS13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas y contemplan, ambas, varios tipos penales aplicables a quienes apoyan sus actividades.

Como había adelantado Infobae, al nombramiento de Luna y Marroquín se suma una investigación penal que ha hecho una fuerza de tarea estadounidense bajo la coordinación del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia (SDNY, en inglés) en la que ambos funcionarios aparecen nombrados y que, según Reuters, se traducirá en una acusación criminal.

Un día después de las primeras nominaciones, el jueves 9 de diciembre, el DOT listó a Martha Carolina Recinos de Bernal, cuyo título oficial es Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, como acreedora de las sanciones contempladas en la legislación Magnitsky, que incluyen negar la entrada del funcionario señalado y sus familiares a Estados Unidos y bloquearles el acceso a cualquier instrumento financiero y bancario de ese país.

El rol de Recinos en el gobierno de Bukele es más complejo. Ella no es, solo, una representante en actividades tildadas de criminales; ha sido también una de las operadoras más importantes de un grupo relacionado con el lavado masivo de dólares venezolanos a través de empresas fachadas y créditos, a los que ella y Nayib Bukele han estado vinculados.

De Recinos de Bernal dice el DOT que es la “cabeza de un esquema de corrupción multimillonario” que sirvió para desviar fondos públicos supuestamente destinados a la atención del Covid-19 desde varios ministerios del gobierno. Parte de ese dinero, dice Washington, sirvió para procurar apoyo político a los candidatos del partido oficial, que en febrero de 2021 ganó mayoría absoluta en el Congreso.

Bukele y su gobierno no han podido, hasta ahora, responder nada concreto a los señalamientos de Estados Unidos. Se han limitado a intentar desviar la atención y, en el caso del presidente, a acusar a Washington de injerencia y a revelar comunicaciones privadas con diplomáticos estadounidenses para dar la apariencia de que estaban ejerciendo presiones indebidas. Bukele, incluso, publicó una supuesta foto de pantalla de una conversación con Jean Manes, la ex encargada de negocios en San Salvador.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, desmintió públicamente al presidente salvadoreño. “Condenamos las acusaciones falsas de Nayib Bukele contra el presidente de los Estados Unidos y otros oficiales estadounidenses”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Estos ataques personales injustificados intentan distraer al pueblo salvadoreño de la corrupción de la administración Bukele”.

El intercambio marca el punto más bajo de la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos en décadas, lo cual no es una buena noticia para el país centroamericano, que depende en buena medida de la voluntad de Washington para obtener una línea crediticia por US$1.3 mil millones sin los cuales enfrentaría una situación fiscal muy compleja en 2022.

En Estados Unidos, además, viven cerca de 3 millones de salvadoreños de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias, de cuyas remesas depende en buena medida la economía del país.

Osiris Luna, Carlos Marroquín y Carolina Recinos de Bernal también fueron investigados por la Fiscalía General de la República de El Salvador como miembros de una supuesta estructura criminal que ha operado desde el gobierno de Nayib Bukele.

Estos tres son parte de un grupo de al menos dos docenas de personas que, según los indicios confirmados por un ex investigador fiscal a Infobae, se embarcaron en actividades delictivas que, entre otras, incluyen las destacadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esas investigaciones consta, también, el nombre de Alma Yanira Meza, madre del director de prisiones Luna, y quien también fue sancionada por el DOT por actos de corrupción relacionados con fondos para enfrentar la pandemia.

La investigación, al que la FGR llamó Caso Catedral, se desarrolló durante el periodo del exfiscal general Raúl Melara, y estuvo al mando del abogado Germán Arriaza, entonces jefe del extinto Grupo Anticorrupción de la Fiscalía. A Melara diputados afines al presidente Bukele lo destituyeron el 1º de mayo de 2021; Arriaza renunció 6 días después.

Con la salida de los funcionarios, y la llegada de Rodolfo Delgado como fiscal general impuesto por Bukele, el Caso Catedral quedó enterrado en El Salvador, pero los insumos han servido para alimentar la investigación del SDNY, según han confirmado un ex investigador de Melara y un funcionario del Departamento de Estado en Washington, quien habló con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios en público.

Fue una fuerza de tarea, nombrada Vulcan y poblada por agentes de varias agencias de aplicación de la ley estadounidenses liderados por los fiscales neoyorquinos, la que siguió las investigaciones con insumos de Catedral. A partir de ahí, las pesquisas estadounidenses continuaron con entrevistas de testigos y recopilación de pruebas.

“Toda esa información estuvo en el despacho del fiscal Melara durante un buen tiempo”, confirmó uno de los investigadores. Fue en la oficina del exfiscal, cuenta uno de los funcionarios, que alguien dijo que el caso era tan grande como una catedral. De ahí el nombre.

Como parte de Catedral, la Fiscalía General obtuvo autorización judicial para intervenir los teléfonos de al menos 9 funcionarios de la administración Bukele. Algunas transcripciones de esas intervenciones, publicadas por el periódico digital salvadoreño El Faro, confirman las negociaciones con las pandillas. Al expediente también fueron incorporados miles de folios de documentos oficiales que dan cuenta de los diálogos pandilleros y de actos de corrupción durante la pandemia.

En el caso de la corrupción relacionada a Covid-19, buena parte de las pruebas fueron recabadas en allanamientos que la FGR hizo a mediados de 2020 en varios ministerios del Ejecutivo, entre ellos los de Salud y Hacienda, a los que los fiscales llegaron advertidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), un organismo supranacional apoyado por la OEA. Bukele, que en principio avaló la llegada de CICIES a El Salvador, echó a la comisión en junio de 2021, cuando las investigaciones se acercaron demasiado a él y a su entorno.

La decisión de Bukele, dijo la OEA en un comunicado, estuvo en parte impulsado por el afán de “no hacer público” un informe de la CICIES en el que se constata “una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”.

La Fiscalía de Melara añadió lo investigado por CICIES a un grueso expediente sobre la estructura criminal enquistada en el gobierno de Bukele. Ese expediente, al que hoy se conoce como Catedral, ya acumulaba escuchas sobre el tema del pacto pandillero y documentos de la DGCP salvadoreña incautados en pesquisas realizadas en varias cárceles y oficinas luego de que El Faro publicó, en septiembre de 2020, los primeros indicios sobre la negociación.

Catedral llegó a identificar tres líneas de mando en la estructura criminal. En la primera hay familiares cercanos al presidente, una asesora venezolana y está Carolina Recinos, la jefa de gabinete hoy sancionada por Washington.

Osiris Luna y Carlos Marroquín están en la tercera línea de influencia de la estructura, a la que los fiscales llamaron primer nivel estratégico, uno de cuyos roles es asesorar a la primera y segunda líneas de mando, denominadas “centro de poder” en la investigación. En este nivel, con Luna y Marroquín hay también un alto oficial de Policía, tres exministros y una ministra.

Un investigador estadounidense al tanto de los contenidos de Catedral aseguró que esta es a la red a la que se refiere el Tesoro cuando habla del “equipo multiministerial” que dirigía Carolina Recinos, embarcada en actividades criminales.

El investigador salvadoreño consultado, y quien estuvo al tanto de las acciones realizadas por la FGR al mando de Melara, aseguró que ya en diciembre de 2020 había listas órdenes de captura contra Luna y Marroquín en El Salvador, las cuales quedaron sin ejecutarse cuando, 5 meses después, el Congreso de Bukele le dio vuelta al mando en la Fiscalía.

La llegada de Rodolfo Delgado al despacho de fiscal general, impuesto por los bukelistas, enterró Catedral por completo, y con ello las investigaciones de CICIES. La investigación criminal, que ahora llegó al más alto nivel político en Estados Unidos, continúo en Nueva York.

Uno de los primeros indicios claros de la participación de Nayib Bukele y su entorno en actividades que luego oficinas de investigación en tres países calificaron como criminales llegó en septiembre de 2019 en forma de una investigación periodística que reveló que el presidente había recibido 1.9 millones de Alba Petróleos, el consorcio empresarial salvadoreño alimentado con dinero venezolano desde la estatal PDVSA en investigada por lavado de dinero en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador.

Investigaciones posteriores, periodísticas y académicas, revelaron que Carolina Recinos, la superministra de Bukele, y Eric Vega, amigo cercano y asesor comercial, eran parte de la red que movió dinero amparados bajo la sombrilla de Alba Petróleos.

Las sanciones del DOT no mencionan el entramado Alba, pero la llamada Lista Engel, un instrumento del Departamento de Estado para nombrar a funcionarios extranjeros sospechosos de corrupción, sí señala a Carolina Recinos de participar en un esquema “masivo de lavado de dinero”, en referencia a Alba Petróleos.

La Engel también incluye a Pablo Salvador Anliker, ex ministro de Agricultura, amigo cercano de Bukele y administrador de una empresa que recibió unos US$7 millones de Alba. Anliker también está en el expediente Catedral.

Y a Rolando Castro, el ministro de Trabajo, un exsindicalista cercano a Enrique Rais, un empresario prófugo de la justica. Rais está, a su vez, relacionado con Vega, el asesor comercial del presidente, y José Luis Merino, un alto dirigente del partido FMLN y hombre fuerte de Alba Petróleos también nombrado en la Lista Engel.

También aparecen, en esa lista, cuatro abogados a los que los diputados bukelistas impusieron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia en mayo pasado, cuyas acciones han impedido la extradición de dos líderes pandilleros a los que Estados Unidos reclama por diversos crímenes.

El mismo día que esos nuevos magistrados juraron en su nuevo puesto lo hizo Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto, que dijo no estar interesado en investigar lo expuesto por la Lista Engel y quien, hasta ahora, no ha dicho esta boca es mía respecto a las acusaciones hechas por el Departamento del Tesoro.

Delgado, además del Caso Catedral, enterró el expediente de Alba Petróleos, consorcio del que fue empleado, como reveló Infobae.

Los anuncios recientes del Tesoro, sumados a los del Departamento de Estado, y a las investigaciones del Departamento de Justicia que podrían pronto traducirse en una acusación criminal, han terminado de perfilar la estructura de crimen organizado enquistada en el gobierno Bukele.

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