El juez primero de instrucción en lo penal de la localidad de Llallagua, Raúl Barriga, determinó la prisión preventiva del exlíder cívico de la región altiplánica de Potosí, Marco Antonio Pumari, en la localidad de Uncía, a unos 360 kilómetros de la ciudad de Potosí, por supuestos “delitos electorales” ocurridos en la crisis política y social en 2019.
La audiencia de Pumari duró al menos seis horas, finalizó cerca de la medianoche del sábado, en medio de un fuerte resguardo policial y sin dejar ingresar a la prensa a la audiencia. Tras la decisión, Pumari fue trasladado a la cárcel San Miguel de Uncía desde la localidad de Llallagua, a unos nueve kilómetros de distancia, donde se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares, según información de medios locales.
El exlíder cívico dejó una carta manuscrita dirigida al país en el que agradece el apoyo incondicional a él y a su familia y pidió que “jamás agachen la cabeza” en la lucha frente a lo que consideró una “dictadura”. “Hoy con la mano en el corazón dejo al cuidado de mi pueblo lo más sagrado que tengo en esta vida que es mi familia, mis amores, mientras dure esta prueba que me da la vida”, señala una parte de la carta difundida por las redes sociales.
Pumari es acusado por los presuntos delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado y obstrucción como delito electoral.
Pumari, quien fue aprehendido en Potosí el jueves en la noche y trasladado el viernes a la localidad de Betanzos, a unos 32 kilómetros de Potosí, en medio de un fuerte movimiento policial, fue nuevamente transportado hacia el municipio de Llallagua, a unos 170 kilómetros de Betanzos, para su audiencia de medidas cautelares.
Este traslado fue criticado por la defensa de Pumari al considerar que ese movimiento ponía en riesgo la vida del exlíder cívico, ya que en Llallagua la mayoría de las personas son adeptos al partido oficialista, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
El diputado de la bancada de oposición Creemos, Erwin Bazán, escribió en sus redes sociales que el traslado de Pumari hacia Llallagua “es extremadamente peligroso para la seguridad” del exlíder cívico, ya que el norte de Potosí es considerado un “bastión masista”.
Bazán exigió al presidente Luis Arce y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “las garantías constitucionales para Pumari” y los responsabilizó de “cualquier situación que pase”.
En tanto, el bloque de unidad conformada por las bancadas opositoras y otras plataformas ciudadanas realizaron un pronunciamiento conjunto en el que se declaran en “estado de emergencia” por la determinación de la justicia y anuncian que apoyarán todas las decisiones que tomen los cívicos de Potosí
En el pronunciamiento señalan que estas acciones se tratan de una “revancha” ejercida por el MAS, partido del presidente Luis Arce.
“Hoy día empiezan con líderes cívicos de Potosí, mañana perseguirán toda forma de oposición y disidencia, en cualquier lugar del país, generando intimidación y terror para tener una sociedad amordazada y paralizada por el miedo”, reza parte del pronunciamiento
Por otro lado, el vicepresidente del oficialista MAS, Gerardo García, sostuvo que ya se ha “cazado” a uno de los “delincuentes” y amenazó al gobernador opositor y exlíder cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. También hizo referencia al expresidente Jorge Quiroga, al exmandatario y líder de Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora del país, Carlos Mesa, como los siguientes.
Tras la aprehensión de Pumari en medio de un fuerte operativo policial, las distintas plataformas ciudadanas y grupos cívicos están en alerta y determinaron reunirse para decidir las medidas que se tomarán ante lo que consideran una “persecución”.
Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales y, más tarde, el ascenso a la Presidencia de Bolivia de Jeanine Áñez.
La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.
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