El Plan Rescate Ecuador es la implementación del decreto presidencial de excepción destinado a restaurar la paz ciudadana perdida como consecuencia de la violencia criminal y la crisis carcelaria. La estrategia impulsada por la administración de Guillermo Lasso busca el trabajo coordinado entre las fuerzas del orden para devolver la seguridad a las calles del país.
El uso de la fuerza pública en el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se despliega en los puntos más críticos del posicionamiento geográfico del país, operando en lugares fijos o móviles y en estrategias centralizadas o dinámicas, así informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Esto permitirá el acceso a los lugares más sensibles, levantar datos donde intervienen los trabajos conjuntos y promueve el restablecimiento de la paz en las zonas conflictivas.
Aunque algunas de las actividades que se han realizado responden a la opcionalidad ordenada por el presidente Lasso, el mandatario ha asegurado que esta gran operación continuará desarrollándose como medidas de largo alcance en la lucha en contra de la inseguridad, el narcotráfico y la violencia.
Hasta ahora, los resultados del plan reportados por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indican que se registraron un total de 38.067 emergencias a través del servicio ECU-911 durante el feriado del 9 de octubre, lo que supuso una disminución del 11% frente a los 42.714 casos del año anterior.
La información oficial señala que las agencias de seguridad registraron 657.340 pasajeros movilizados desde las terminales terrestres del país durante el feriado del 9 de octubre, lo que se diferencia de los 156.376 pasajeros movilizados en 2020, lo que supone un incremento del 24%.
Además, se ingresaron 1600 advertencias por exceso de velocidad en las modalidades de transporte entre parroquias, cantones y provincias.
Aún está pendiente la presentación de resultados del extenso feriado de los primeros días del mes de noviembre en conmemoración de todos los fieles difuntos.
En su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso aseguró que “un mega operativo entre la Armada del Ecuador y la Policía Nacional, con asistencia de organismos de seguridad estadounidenses, logró desarticular a una banda narco criminal en Manabí”. Se refiere al operativo del 31 de octubre que desarticuló en Manabí una organización narcotraficante que maniobraba con 9 barcos y más de 100 tripulantes. En la estrategia de seguridad participaron 250 miembros de la Armada ecuatoriana, con apoyo de la Administración de Control de Drogas o Drug Enforcement Administration (DEA), el Buró Federal de Investigaciones o Federal Bureau of Investigation (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia o Central Intelligence Agency (CIA).
Inseguridad en Ecuador
El decreto ejecutivo por el cual Guillermo Lasso ordena el estado de excepción en Ecuador indica que en las últimas semanas ha existido un “aumento de la actividad delictiva que afecta la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, lo que ha producido un aumento en la tasa de homicidios intencionales.
Según las cifras presentadas por el gobierno, en los últimos cinco años, la tasa por homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes se ha duplicado. En 2016, esta tasa llegaba al 5,81 con 960 muertes. Sin embargo, en lo que va del 2021, la tasa se ha incrementado hasta el 10,62, registrando 1.885 muertes. De estas, 1.112 se han categorizado como violencia criminal.
Para la administración de Guillermo Lasso, el incremento de la violencia criminal se da como respuesta a las acciones que ha emprendido el Estado para “restablecer el orden público en territorios que habían quedado desprovistos de vigilancia y control adecuados, como lo son el espacio aéreo de las provincias del perfil costero, y el interior de los centros de privación de la libertad”. Por ello, el gobierno relaciona las cifras de los homicidios intencionales con las de los decomisos de droga. Hasta el 17 de octubre, las autoridades ecuatorianas decomisaron 147 toneladas –la cantidad más alta de la última década.
A pesar de lo anterior, algunos han catalogado al decreto de Estado de excepción como un movimiento político de Lasso para evitar las marchas programadas en oposición a su gobierno. Además, organizaciones de la sociedad civil que defienden los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la militarización de las calles, aduciendo que se podrían producir excesos en la aplicación de la fuerza.
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