
Entre 2020 y 2021, al menos 240 personas han muerto en incidentes violentos en las cárceles. Solo el 23 de febrero de este año, estallaron disturbios en cuatro prisiones de todo el país al mismo tiempo, lo que provocó la muerte de al menos 79 prisioneros. Luego del incidente en la cárcel de Guayaquil registrado la última semana, se cree que el número de muertos superará los 150 asesinados en condiciones sórdidas. Algunos de estos fueron decapitados o mutilados y otros murieron en explosiones y enfrentamientos armados al interior de la Cárcel Regional de Guayaquil, también conocida como Penitenciaría del Litoral, la segunda en importancia política en el Ecuador. Según los expertos, los enfrentamientos se explican por la flexibilización progresiva de las medidas de control al narcotráfico y la desinstitucionalización de los órganos de gestión penal, policial y carcelaria.
Seis organizaciones del crimen transnacional luchan por las cárceles de Ecuador, la mayoría de ellas al servicio de los cárteles de la droga mexicanos. Los Choneros, Pipos, Tiguerones, Chone Killers, Lagartos y Los Lobos son las pandillas que gobiernan las cárceles del país. Entre ellos, la disputa entre Choneros y Los Lobos, grupos armados que responden a los cárteles de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación, desencadenaron el reciente enfrentamiento armado, que resultó en la muerte de 119 personas en el penal de Guayaquil. La disputa por el control de los presos y por las rutas del narcotráfico ha hecho que 2021 supere el número de muertes violentas en prisión entre 2019 y 2020.
La Policía Nacional del Ecuador ha comprobado que los presos de la Penitenciaría del Litoral reciben armas por vía aérea, fluvial y terrestre. Desde junio de este año se han realizado investigaciones sobre el uso de drones para introducir armas y en lo que va del año se ha podido detectar al menos 10 casos. El 1 de octubre, la policía confiscó un arsenal de armas de dotación militar que se pretendían ingresar en el penal.
Los responsables de la reciente masacre de 119 personas en la Penitenciaría, sucedida durante la mañana del 28 de septiembre, usaron armas letales como granadas, sables de uso agrícola, fusiles, revólveres y más. Estas armas fueron ingresadas por aire y agua con la asistencia de algunos de los guardias de la prisión. Para las entregas por aire se utilizaron drones, método importado de México y conocido como narco delivery, aunque se registran casos en Chile, Argentina o Francia. Por agua se utilizó la navegación sobre el Río Daule, colindante con la cárcel de Guayaquil.

En la madrugada del 29 de junio de 2021, un hombre fue arrestado con cargos asociados a la tenencia y transporte ilegal de armas, como sobre la sospecha de su comercialización también ilegal.
La Policía encontró en su posesión una escalera que se despliega a una gran distancia. Se presume que pudo utilizarse, incluso en otras ocasiones, para superar los muros de la cárcel y tirar desde allí el arsenal en sacos. También llevaba una bolsa con armas, municiones, drogas e incluso una consola de videojuegos. La captura se produjo 13 días después del operativo a gran escala en este penal, en el que 1.500 policías incautaron armas e incluso desmantelaron una fábrica de armas artesanales.
El 12 de julio fue arrestada otra persona en las mismas circunstancias. Y todo se repite: mientras las autoridades policiales requisan armas y encierran a proveedores como a sus cómplices, el procedimiento reinicia en nuevos abastecimientos.
El último domingo, las autoridades policiales confiscaron 13 armas de fuego, 1136 municiones de diferente calibre, 250 armas blancas y 5 granadas en la Penitenciaría del Litoral.
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