La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina que alcen sus voces contra el decreto de telecomunicaciones aprobado por el Gobierno cubano y que, en opinión de la organización, “cercena la libertad de expresión” al limitar el contenido que puede difundirse en Internet.
La reforma, impulsada a raíz de las protestas opositoras de julio, plantea la interrupción del servicio de Internet cuando un usuario publique información “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y “el respeto al orden público”, conceptos “vagos” e “imprecisos” que podrían derivar en medidas arbitrarias.
HRW teme que el Decreto-Ley 35 termine convirtiéndose en una herramienta para violar los Derechos Humanos, bien a gran escala o contra personas críticas con el Gobierno, al tiempo que ve en él una amenaza para la privacidad, ya que el Ministerio de Comunicaciones tendrá acceso a más información a través de los proveedores de Internet.
“El Estado cubano tiene el derecho irrenunciable y soberano de regular las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales desempeñan un papel significativo en el desarrollo político, económico y social de nuestro país y constituyen un medio efectivo para la consolidación de las conquistas del socialismo”, dice el Decreto-Ley que encabeza las otras disposiciones de menor rango publicadas el 17 de agosto.
El investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, ha subrayado que precisamente gracias a Internet los ciudadanos cubanos han podido comunicarse “con mayor libertad”, denunciar abusos y organizar protestas pacíficas, “algo que era prácticamente imposible hace pocos años”.
“Las autoridades de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos no pueden quedarse en silencio mientras el Gobierno cubano restringe el acceso a Internet, una herramienta vital para que los cubanos ejerzan sus Derechos Humanos”, ha reclamado.
CIBERSEGURIDAD
La organización también ha expresado su preocupación por la resolución sobre ciberseguridad publicada junto al decreto y que contendría “disposiciones peligrosas, en particular por poner en el punto de mira la “divulgación de noticias falsas”, la “difamación con impacto en el prestigio del país”, los mensajes que “inciten a movilizaciones” o “prom[uevan] la indisciplina social” o que “menosca[ben]” la “fama” de una persona o “su propia estimación”.
El texto no especifica cómo pueden “detectar” y “erradicar” dichos “incidentes de ciberseguridad” los ministerios de Comunicaciones, Interior y Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero HRW ha dado por hecho que habrá “una censura y vigilancia excesivamente amplia”, en la medida en que requerirá de una labor “generalizada” de vigilancia y filtro.
La organización mencionó que otros países han aprobado normas similares sobre “ciberdelitos” y “ciberseguridad” que han restringido los derechos humanos de forma indebida y han sido utilizadas para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, expertos en tecnología, políticos de oposición y artistas.
(con información de EP y AP)
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