Organizaciones de trabajadores, profesores fiscales, estudiantes, transportistas e indígenas de Ecuador se concentraron este 11 de agosto en varias provincias del país para protestar en contra del incremento de los precios de los combustibles fósiles y para exigir al gobierno del presidente Guillermo Lasso más recursos para sus sectores.
En declaraciones, uno de los líderes de la convocatoria, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, aseguró que las movilizaciones no tendrán la envergadura de las masivas protestas producidas en octubre de 2019. Iza aseguró que “el pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento, pero tampoco soporta una economía devastada como la que tenemos hoy”. El dirigente indígena preguntó “¿Lasso decidirá transitar por el camino de (el ex presidente Lenín) Moreno o realmente escuchará al pueblo?”.
Iza convocó a las organizaciones regionales subsidiarias de la CONAIE, la ECUARUNARI en la Sierra, la CONAICE en la Costa y la CONFENIAE en la Amazonía, a un consejo político ampliado para discutir las posteriores medidas de movilización.
Las protestas fueron convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE y el Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakutik, el brazo electoral de la organización indígena, con la participación de la Federación de Estudiantes Universitarios, y la Unión Nacional de Educadores, además de otros sectores de la sociedad civil.
Los transportistas de vehículos pesados del Ecuador, representados por Álex Bustillos, anunciaron que ejercerán derecho a la resistencia. En un comunicado anunciaron que desde las primeras horas de este miércoles se concentrarán en puntos estratégicos en las vías del país para obstaculizarlas de manera pacífica en señal de protesta. Por su parte, Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, objetó las protestas y las calificó como un “problema político”.
Durante una ceremonia militar celebrada en Quito a propósito de los 212 años de la conmemoración del Primer Grito de Independencia en Ecuador, Lasso señaló que esas “son voces que no ofrecen diálogo, sino ultimátum. Esos ultimátum solo los dan aquellos que no se sienten capaces de mover a sus semejantes con la fuerza de sus ideas, sino con la fuerza de la violencia”.
Una de las principales demandas está relacionada con los precios de los combustibles, de ahí que el gobierno del presidente Guillermo Lasso analizó el costo total de retirar el subsidio universal y ofrecer compensaciones al sector de transporte de pasajeros en aproximadamente USD 450 millones, frente a mantener un sistema que pesa más de USD 3.000 millones anuales para el Presupuesto General del Estado, lo que representa el doble del presupuesto destinado para la salud pública en Ecuador.
Para aplicar subsidios focalizados, el gobierno central analizó varias opciones. Primero, puede utilizar una tarjeta de débito con un valor establecido para cada operador transportista. La segunda opción es establecer precios diferenciados en las estaciones de abastecimiento de gasolinas. La tercera alternativa es permitir que los transportistas soliciten un reembolso del Estado mediante la presentación de facturas de pago de combustible como sucede con la devolución de impuestos.
Un día antes de las movilizaciones que indígenas y transportistas convocaron, el presidente Lasso anticipó que no derogará el decreto ejecutivo que establece límites al precio de los combustibles según las cotizaciones internacionales del derivado. Aseguró que derogar el decreto “le causaría un grave daño al Ecuador”, porque esto que subiría el riesgo país, las tasas de interés bancarias, el acceso al crédito y los precios relativos de los productos sustitutos.
El presidente ecuatoriano confirmó su disposición a dialogar con los sectores y organizaciones sociales que promueven las movilizaciones, aunque no detalló fechas concretas para el eventual encuentro. Sobre la focalización de los subsidios para el transporte público, adelantó que en los próximos dos meses entrará en vigor un esquema de operación.
El mismo miércoles, Leonidas Iza respondió a lo expresado por Lasso y dijo que espera una invitación formal del presidente para asistir a su convocatoria a dialogar.
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