Al menos 156 opositores se encuentran en las cárceles de Nicaragua como “presos políticos”, incluidos seis aspirantes a la Presidencia, según un informe divulgado este viernes por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Esa cantidad supera los 134 registrados hasta junio pasado por el mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De los 156 opositores convictos, 146 fueron arrestados como “producto de la crisis sociopolítica iniciada desde abril de 2018”, según el informe, y diez ya estaban presos desde antes de ese año.
“A partir de mayo de 2021 se registra una nueva ola de judicialización de la disidencia social, esta vez, focalizada en criminalizar a liderazgos políticos y sociales, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas”, indicó el mecanismo.
El informe registró el encierro reciente de seis aspirantes a la Presidencia, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, dos líderes campesinos, un dirigente empresarial, un banquero, un ex diputado, un periodista, tres trabajadores y cinco dirigentes opositores.
Debido a que solamente incluye los nombres de “presos políticos” cuyos familiares dieron permiso expreso para ser divulgados, la lista no incluye a la ex primera dama María Fernanda Flores, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), quien está bajo régimen de casa por cárcel, al igual que la hija de la ex presidenta Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, quien sí aparece en el listado.
Las detenciones ocurridas en los últimos tres meses ocurrieron “en el marco de una escalada represiva en contra de personas asociadas a liderazgos políticos o de sociedad civil”, explicó el mecanismo de monitoreo.
Entre los detenidos en el marco de la crisis de 2018 hay 127 varones y nueve mujeres, sin incluir a Flores.
Del total registrado, 109 se encuentran en el Sistema Penitenciario Nacional, dos en delegaciones policiales, Chamorro en casa, y 24 “se presume están la Dirección de Auxilio Judicial”, una sede policial denunciada como supuesto “centro de torturas” por los defensores de derechos humanos.
El mecanismo destacó que tanto los que están en prisión, como sus familiares, sufren “amenazas y agresiones físicas, agresiones sexuales, específicamente desnudos y tocamientos, tanto a presas y presos políticos, como a familiares que ingresan para las visitas, chantaje e intimidación de las autoridades, y falta de asistencia médica”.
Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha acentuado en la medida en que se acercan las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Daniel Ortega, quien recuperó el poder en 2007 tras haber gobernado entre 1979 y 1990, busca una tercera reelección consecutiva.
(Con información de EFE)
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