El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró preocupado este viernes por la situación política que se vive en Nicaragua e instó al mandatario de ese país, Daniel Ortega, a que “juegue limpio” y libere a los opositores que han sido detenidos en los últimos días.
“Me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega: que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra, en juego limpio y en buena lid, a ese proceso electoral”, expresó Sánchez en una conferencia de prensa posterior a una reunión bilateral con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
Sánchez, quien hoy concluye una visita de dos días a Costa Rica, explicó que la posición de España en este tema es igual al de la Unión Europea en el sentido de una “firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos”.
“Vemos con muchísima preocupación lo que está ocurriendo en Nicaragua que, por cierto, no es nuevo, lo hemos venido arrastrándolo desde hace unos años”, manifestó el presidente del Gobierno español.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua pidió evitar que “se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas y la persecución a opositores y medios de comunicación” en el país, tras la reciente oleada de detenciones a opositores del Gobierno de Daniel Ortega.
A través de un comunicado emitido este viernes, los obispos nicaragüenses recordaron que “es de gran importancia la validez del principio de la división de poderes en el Estado” e insistieron en que quieren para Nicaragua “un sistema democrático, donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social”.
Este control por parte del cuerpo social “es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente que permiten a su vez, la elección y también la sustitución de los representantes”, han indicado.
Los obispos precisaron, asimismo, que “la obligación” por parte de los cargos electos de rendir cuentas “garantizado por el respeto de los plazos electorales” es un “elemento constitutivo” de la representación democrática.
Además, también criticaron “la persistente situación de injusticia” y la promulgación de “leyes en detrimento de los Derechos Humanos, asedio y hostigamientos políticos”.
“Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un Gobierno elegido por el pueblo soberano”, pidió la Conferencia Episcopal, que apeló a la “conciencia” para elegir representantes que “respeten la dignidad de la persona, los Derechos Humanos y la libertad”, unos principios que para la Iglesia Católica son “imprescindibles, impostergables e indiscutibles”.
En las últimas dos semanas, el Gobierno de Daniel Ortega detuvo a cuatro precandidatos opositores. La primera en ser arrestada, acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales, fue Cristiana Chamorro, seguida de Arturo Cruz, por “atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo”, así como Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, ante la preocupación de la comunidad internacional a tan solo unos meses de la elecciones previstas para noviembre.
Otros aspirantes a la Presidencia, como el campesino Medardo Mairena, el afrodescendiente George Herníquez Cayasso, el periodista Miguel Mora, la doctora María Eugenia Alonso, y el líder ex contra Luis Fley han denunciado ser objeto de persecución y asedio por parte de la Policía Nacional.
El mes pasado, la legislatura de Nicaragua nombró a una mayoría de magistrados alineados con el partido gobernante para el organismo electoral que supervisará las elecciones. Desde entonces ha descalificado a dos partidos.
En diciembre, la legislatura aprobó una ley que, según los críticos, tiene como objetivo evitar que los políticos de la oposición se presenten a las elecciones.
Esta ola de detenciones arbitrarias provocó una fuerte condena de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, que ya adelantó que prepara nuevas sanciones contra el régimen de Ortega.
En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la detención de Chamorro “es un abuso de sus derechos, y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”.
Con información de EuropaPress
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