Brasil incluyó a las embarazadas como grupo prioritario de vacunación contra el coronavirus

El Gobierno ya había recomendado el pasado marzo la inoculación de mujeres gestantes con enfermedades o complicaciones previas, pero amplió ahora a todas debido al descontrol de la pandemia en el país

Río de Janeiro reabrió sus playas
Una mujer embarazada junto a un hombre en una playa de Río de Janeiro (EFE/Antonio Lacerda)
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Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, incluyó este martes a las embarazadas y puérperas como grupo prioritario para la vacunación contra el COVID-19, informó el Ministerio de Salud.

El Gobierno ya había recomendado el pasado marzo la vacunación en embarazadas y puérperas con enfermedades o complicaciones previas, pero amplió ahora a todas las gestantes debido al descontrol de la pandemia en el país.

“Considerando todavía el momento pandémico actual en Brasil con la elevada circulación del Sars-CoV-2 y el aumento de óbitos maternos por COVID-19, en este momento es altamente probable que el perfil de riesgo versus el beneficio de la vacunación de las gestantes sea favorable”, explicó el ministerio en un comunicado.

El Gobierno brasileño ya había pedido a las mujeres que, en caso de ser posible, aplacen el embarazo debido a la delicada situación que vive el país por la expansión del COVID-19, la cual ya deja 14,3 millones de casos y cerca de 392.000 muertos.

El secretario de Atención Primaria a la Salud de la cartera, Raphael Camara, afirmó recientemente que las nuevas variantes, entre ellas la brasileña (P1), se han mostrado más agresivas en gestantes, por lo que orientó a las mujeres a posponer sus embarazos hasta que la “situación esté más calmada”.

Pese a la ligera desaceleración de la curva epidemiológica, la pandemia continúa descontrolada en Brasil, el segundo país con más muertes por coronavirus, por detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de casos, después de la nación norteamericana e India.

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Jair Bolsonaro

El Senado brasileño investiga la gestión de Bolsonaro respecto a la pandemia

El Senado brasileño creó este martes una comisión que investigará la gestión de la pandemia y supuestas “omisiones” del Gobierno de Jair Bolsonaro frente al COVID-19.

La comisión estará dominada por la oposición y senadores “independientes” pero también críticos del Gobierno y en especial del negacionismo de Bolsonaro frente a una pandemia que ya deja en el país casi 395.000 muertos, de los que poco más de la mitad se registraron en los primeros cuatro meses de este año.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, recomendó remedios sin eficacia comprobada y desdeñó las vacunas, al punto de afirmar en algún momento que podían convertir a las personas en “yacarés” (caimanes).

La comisión tiene once titulares y siete suplentes con poderes absolutos para conducir la investigación y potestad para convocar a declarar a ministros y otras autoridades.

Entre los titulares, sólo cuatro son abiertamente bolsonaristas. Los otros siete pertenecen a partidos de oposición o que mantienen una posición de “independencia crítica” frente al Gobierno.

En la primera sesión fue elegida la directiva de la comisión, que será presidida por Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), una formación de centro que se declara independiente.

Como vicepresidente fue electo el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede y uno de los más duros críticos de Bolsonaro en el Parlamento.

El cargo de instructor, que será clave para el curso del trabajo, recayó en Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), una formación de centroderecha que no oculta su carácter opositor.

La investigación estará dirigida a determinar responsabilidades sobre los problemas de gestión de la pandemia, que la oposición achaca directamente al negacionismo de Bolsonaro y la ultraderecha que lidera.

Bolsonaro, por su parte, atribuye las causas del descontrol de la crisis sanitaria y el actual colapso hospitalario a los gobernadores y alcaldes, responsables por gestionar el dinero destinado por el Gobierno federal al combate del coronavirus.

La comisión tendrá un plazo inicial de 90 días para realizar la investigación, aunque podrá ser prorrogado en función del curso de su trabajo, que deberá concluir con un informe que, de acuerdo a sus conclusiones, puede ser remitido a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.

(Con información de EFE)

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