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Chile: denuncian el uso de soda cáustica en el agua de los cañones antidisturbios de Carabineros

Un grupo de expertos presentó el lunes un estudio con la conclusión. Autoridades de la fuerza de seguridad negaron las acusaciones

Foto: REUTERS/Andres Martinez Casares
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El Movimiento Salud en Resistencia de Chile ha presentado este lunes un estudio en el que se denuncia que entre los componentes utilizados en el agua lanzada por los camiones cisterna de los antidisturbios de Carabineros hay soda cáustica y gas pimienta.

El estudio se realizó en colaboración con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, luego de que se detectaran varios casos de pacientes afectados con reacciones alérgicas tras estar expuestos al líquido durante las manifestaciones que desde hace semanas sacuden el país andino.

Ante esta situación, el MST decidió “someter a determinación molecular y análisis fisicoquímico dos muestras de agua provenientes del carro lanza aguas”, según consignó CNN Chile.

En respuesta, el director de Logística de Carabineros, el general Jean Camus Dávila, ha explicado que el elemento químico que utiliza Carabineros en el agua es orto-clorobenzalmalononitrilo, “ampliamente empleado a nivel internacional cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe”.

Este elemento, indicó, es utilizado por países como “Estados Unidos, Gran Bretaña y muchos de Europa e incluso de Latinoamérica”. “Carabineros de Chile lo usa de los años 70 a la fecha”, agregó, en contacto con el diario chileno ‘La Tercera’.

“Carabineros no emplea dentro de sus protocolos soda cáustica. Dentro de los protocolos de actuaciones, el control del orden público y control de muchedumbre, no está inserto ni siquiera en el manual del uso de la fuerza. No existe ninguna forma de poder emplear este producto en control de orden público”, ha apuntado Dávila. El general ha subrayado que si se hubiera utilizado soda cáustica en los cientos de maniestaciones recientes habría miles de afectados.

Crisis en Chile

Las protestas en Chile estallaron el pasado 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses, pero escalaron rápidamente y se transformaron en una denuncia de la desigualdad social reinante en el país.

Human Rights Watch reportó que el número de muertos en el marco de las protestas asciende a 26. Y la oficina asegura que documentó “cuatro casos de privaciones arbitrarias de la vida y muertes ilícitas que involucran a agentes del estado”.

Un reporte de la oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos -y ex presidente chilena- Michelle Bachelet denunció la semana pasada un “elevado número de violaciones de derechos humanos” por la represión policial a las protestas en Chile, al presentar un informe sobre la situación en el país sudamericano.

Michelle Bachelet
Michelle Bachelet

Estas violaciones incluyen el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias”, afirma un comunicado de prensa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en Chile tres semanas de noviembre para investigar la situación en siete regiones de Chile.

Al especificar sobre la violencia ejercida por Carabineros, el informe describió una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se encuentran el uso indebido e indiscriminado de armas no letales para dispersar marchas pacíficas y durante los enfrentamientos; la no distinción entre manifestantes violentos y aquellos que protestaban pacíficamente, y la cantidad “alarmantemente alta” de personas con lesiones en los ojos en la cara, algo que"da cuenta de esta grave violación". “Preocupa en particular el uso de perdigones que contienen plomo”, explicó el informe en sus conclusiones.

El presidente Sebastián Piñera, que reaccionó inicialmente declarando el estado de emergencia, pidió perdón por no escuchar a los chilenos, anunció una “agenda social” para colmar sus demandas y remodeló el Gobierno para llevarla a cabo.

Además, el presidente chileno ha accedido ‘in extremis’ a un proceso constituyente que se decidirá en un plebiscito el próximo mes de abril. Pese a ello, las protestas han continuado.

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