Empleados de la oficina del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional boliviano denunciaron el viernes que la ex autoridad de ese despacho, Héctor Arce, los obligó a “manipular” actas de votación de las polémicas elecciones generales del 20 de octubre, informó el diario El Deber.
De acuerdo con la denuncia, la orden llegó unos días antes del inicio de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que finalmente determinó que el gobierno de Evo Morales -actualmente asilado en México- había cometido irregularidades durante el recuento de los votos.
“Pasadas las elecciones del 20 de octubre de 2019, y días antes de ser iniciada la auditoría por parte de la OEA, en el mismo piso 3 del edificio Capitán Ravelo se procedió al manipuleo e impresión de las Actas Electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados, que posteriormente fueron premiados con el día libre posterior al hecho”, detalla la denuncia presentada el viernes.
De acuerdo con el artículo publicado por el diario El Deber, Héctor Arce, quien espera el salvoconducto para irse a México, sostuvo que lo ocurrido consistió simplemente en una “verificación” en el marco de las políticas y funciones del viceministerio de Transparencia. El objetivo de dicha verificación presuntamente fue “constatar la participación de los delegados de los partidos políticos en actas”.
Con todo, en la denuncia de los empleados se asegura que todo el episodio fue manejada discrecionalmente por el MAS. Como ejemplo de ellos, explican que se eligieron a algunos funcionarios para que realicen la transcripción de libros de militancia política a la base de datos del Órgano Electoral, “inventando nombres y firmas para el llenado de los respectivos libros y posterior transcripción”.
Además, el diario Página Siete, los empleados de esa cartera estatal fueron encomendados con la tarea de conformación de un “grupo de choque” compuesto por 14 personas —cuyos nombres están especificados en la carta— hacían de “infiltrados” en las manifestaciones pacíficas para provocar a la Policía. También denunciaron que antes de las elecciones fueron obligados a afiliarse como militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), además de asistir a marchas, concentraciones y campañas electorales.
Mientras tanto, Arce insistió en que “esta verificación que la puede hacer cualquier persona, se la realizó semanas después de la elección y cuando se conocían oficialmente los resultados electorales definitivos. De esta manera se verificó la participación de los partidos políticos en las mesas electorales”.
Las denuncias de fraude que habían comenzado el día de las elecciones generales sacudieron Bolivia cuando fueron confirmadas por la OEA, lo que obligó al entonces presidente Evo Morales a renunciar y pedir asilo en México. Días después, la senadora Jeanine Áñez asumió como presidente provisional, y ayer envió un proyecto al Congreso para la tramitación de la convocatoria a unas nuevas elecciones generales que resuelvan la actual crisis política abierta.
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