En medio de los importantes disturbios que se registran en varias ciudades de Bolivia desde el recuento de los votos del pasado 20 de octubre, la posterior renuncia de Evo Morales y la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidente provisional, se han multiplicado las denuncias de ataques a la prensa.
Pero a las amenazas de los manifestantes a los equipos de periodistas -muchos de ellos extranjeros- se le ha sumado el jueves la flamante ministra de Comunicación del gobierno provisional Rozana Lizárraga.
Lizárraga se refirió a los “periodistas o pseudo-periodistas que estén haciendo sedición”, y los amenazó con la aplicación de la ley.
“Periodistas que son en algunos casos bolivianos y en otros extranjeros”, dijo la funcionaria, “tienen que responder a la Ley boliviana”. Dijo que esos periodistas ya están identificados y que el ministro de Gobierno "va a tomar las acciones pertinentes”.

A su vez, llamó a hacer un “periodismo de honestidad” y evitar la “convulsión social” buscada por el ex presidente Evo Morales, la embajada de Cuba y Venezuela, que “quieren ponernos de rodillas”.
Rápidamente, los repudios ante los dichos de Lizárraga se comenzaron a escuchar, dentro y fuera de Bolivia. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) fue una de las entidades que rechazó los dichos, después de varias denuncias de periodistas argentinos agredidos mientras realizaban coberturas de los acontecimientos.
“Adepa también repudia las expresiones de la ministra interina de comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizárraga, quien amenazó con aplicar la ley de sedición a periodistas locales y extranjeros que cubren las manifestaciones”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.
Antes de ser nombrada ministra, Roxana Lizárraga ejercía como periodista de radio y televisión y era una reconocida opositora al gobierno del MÁS.
Mientras se multiplican las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de transición en Bolivia, y algunos hablan de golpe de Estado, Evo Morales abandonó el país con destino a México donde es cobijado por el gobierno de López Obrador, en calidad de asilado político. Desde allí, ha manifestado su voluntad de regresar al país para “pacificar” su país si los bolivianos se lo piden.
Por su parte, Carlos Mesa, quien fue candidato presidencial opositor en las polémicas elecciones del 20 de octubre en Bolivia, solicitó este jueves al gobierno de México que “no le permita” al ex presidente Evo Morales “declarar políticamente”, por su calidad de asilado.
“Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al gobierno de México que respete su propia tradición histórica, y que este gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación en nuestro país”, dijo Mesa en rueda de prensa.
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
Últimas Noticias
Autoridades salvadoreñas confiscan drogas valoradas en USD 10,788 en operativo fronterizo
Un individuo de nacionalidad guatemalteca fue arrestado en jurisdicción fronteriza tras hallarse marihuana y cocaína en el vehículo donde se transportaba, acción que fue facilitada por el trabajo conjunto de las autoridades y una unidad canina especializada

Bolivia: se deberá repetir la votación autonómica en 29 mesas electorales en Santa Cruz
En algunos recintos se repetirá la votación el 5 de abril debido a errores como la distribución equivocada de papeletas electorales el 22 de marzo. Este proceso no altera la segunda vuelta para la Gobernación
La policía chilena cree que el estudiante que asesinó con arma blanca a una inspectora y dejó a otros cuatro heridos planificaba una masacre
El agresor está siendo formalizado esta jornada y un cuaderno da cuenta de que planeó su ataque durante cuatro meses

Ecuador incluirá la enseñanza del Holocausto en las escuelas tras acuerdo de cooperación con Israel
El convenio bilateral impulsa el intercambio educativo y científico entre ambos países

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo
La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ejecutaron amplias acciones con miles de intervenciones y 260 allanamientos, resultando en la detención de 3,821 personas y el decomiso de armas, vehículos y dinero relacionados

