El presidente del Congreso peruano afirmó que la disolución del legislativo es “un golpe de Estado”

Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso de Perú, cuestionó la medida tomada por el jefe de Estado, Martín Vizcarra, a la que calificó como un “golpe de Estado”.

En una entrevista con Blu Radio de Colombia, el político opositor afirmó que la disolución del Legislativo fue una medida “ilegal”, dado que, según él, fue efectuada luego de que el mandatario fuera suspendido. “Nosotros lo hemos suspendido antes de que haya podido disolver el Congreso de manera extraña, ilegal. Primero fue la suspensión del presidente por un año. Él tenía que disolver exprés”, subrayó en diálogo con la emisora.

El legislador luego explicó que la suspensión de Vizcarra obedece a que, según la percepción de la oposición, el mandatario se tomó atribuciones constitucionales “que solo le competen al Congreso”, en referencia a la polémica elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC). Es por eso que reafirmó que se trata de un “golpe de Estado”.

Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.

Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, que Vizcarra convocó para el próximo 26 de enero.

Aunque se señala que un grupo de parlamentarios opositores en rebeldía pasó la noche en el interior del edificio, la mayoría de los congresistas lo abandonaron durante esta madrugada.

Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.

Esto le permitió a Vizcarra afrontar un escenario favorable al anunciar su decisión del lunes, basado en la prerrogativa que le otorga la Constitución de disolver la Cámara si esta deniega la confianza a dos gabinetes ministeriales.

El presidente se pronunció así después de que el Congreso eligiera un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que el primer ministro Salvador del Solar había presentado un pedido de confianza para variar ese proceso, muy cuestionado por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.

Vizcarra recibió luego el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que reconocieron la constitucionalidad de su Gobierno y le expresaron su subordinación.

El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su “enérgico rechazo” a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), Miguel Cabrejos, pidió “un profunda reflexión” ante la situación y dijo que se debe mostrar “madurez política y social”.

“A pesar de esta crisis política creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña a todos los niveles”, enfatizó Cabrejos antes de invocar “el respeto al bien común”.

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