El régimen de Nicaragua informó este lunes que un total de 142 personas, entre opositores y periodistas, permanecen detenidos en las cárceles del país, tras varios procesos de excarcelación de "presos políticos" acordada con la oposición en una negociación enmarcada en la crisis sociopolítica que estalló hace más de un año.
"Faltan exactamente 142 por excarcelar, en procesos que van de acuerdo a nuestra Constitución y leyes, en un plazo (establecido en las negociaciones por las partes) que se cumple el 18 de junio próximo", informó el Gobierno sandinista en una nota de prensa.
El total de reos dentro de las cárceles divulgado por el Ejecutivo es menor a los 227 identificados con nombres y apellidos por el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, que sostiene que el régimen de Ortega ha violado la Constitución y las leyes desde el momento del arresto, ya que protestar en Nicaragua no es reconocido como delito.
De acuerdo con el Gobierno, 336 "presos políticos" han sido excarcelados desde febrero pasado, es decir, que se encuentran bajo regímenes de casa por cárcel o convivencia familiar.
Datos del Comité indican que son 401 los "presos políticos" excarcelados desde el inicio de la crisis, el 18 de abril de 2018, y otros 66 han sido liberados por la vía judicial.
La lista oficial de manifestantes y periodistas presos o sometidos a algún tipo de régimen carcelario suma un total de 478 personas, mientras que la divulgada el domingo por el Comité señala 730 "presos políticos".
El Gobierno de Ortega no reconoce tener "presos políticos", tal como señala la oposición, pues sostiene que los reos participaron "en las terribles semanas de violencia terrorista, ataques armados, secuestros, torturas, destrucciones de bienes privados y públicos, así como de los llamaos tranques de la muerte que nos secuestraron a todos" en 2018.
La versión del régimen sandinista contradice la de diversos organismos humanitarios, tanto nacionales como extranjeros, incluidos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que responsabilizan a Ortega de los actos violentos.
La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la CIDH, aunque organismos locales informan de 594, y el Gobierno reconoce 199.
Con información de EFE
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