La iglesia chilena deberá indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales del ex sacerdote Fernando Karadima

Horas después de conocida la decisión de la Justicia, el Arzobispado de Santiago confirmó que no apelará la sentencia

Fernando Karadima escoltado después de declarar en el juicio por abuso sexual (AP Photo/Luis Hidalgo, File)
Fernando Karadima escoltado después de declarar en el juicio por abuso sexual (AP Photo/Luis Hidalgo, File)
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La justicia chilena ordenó a la Iglesia católica local pagar una indemnización de 450.000 dólares por "daño moral" a tres víctimas de abusos sexuales perpetrados por el ex sacerdote Fernando Karadima, protagonista del caso que sacó a la luz la cultura de abusos del clero.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda contra Iglesia católica y ordenó pagar 100 millones de pesos (unos 145.000 dólares) a cada una de las víctimas: el médico James Hamilton, el filósofo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz, según informó el Poder judicial.

Aunque el fallo podía ser apelado, el arzobispado  de Santiago confirmó que no recurrirá la sentencia de la Corte de Apelaciones. Por el contrario, la institución religiosa manifestó su "conformidad" con la decisión de la Justicia civil chilena, que revocó un fallo de primera instancia de marzo del 2017 que había rechazado la demanda y determinó que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo reciban 100 millones de pesos (unos 147.000 dólares) cada uno.

El documento "declara procedente la acción indemnizatoria" por concepto de "daño moral" contra los tres demandantes, hoy convertidos en los principales rostros de la defensa de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia chilena.

Manifestantes contra los encubridores en la iglesia
Manifestantes contra los encubridores en la iglesia

Fernando Karadima, quien fuera un influyente religioso y formador de varios obispos, fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia, pero no fue expulsado del sacerdocio hasta el año pasado, cuando Francisco anunció su dimisión en línea con su promesa de "tolerancia cero" a los abusos.

Desde la parroquia de El Bosque situada en un barrio acomodado de Santiago, que dirigió desde 1980 hasta 2006, Karadima forjó sólidos nexos con sectores de la elite política y económica de Chile.

La Justicia chilena había declarado penalmente prescrita la causa en su contra.

El fallo conocido este miércoles había sido anticipado por la prensa en octubre del año pasado, aunque con un monto mayor de indemnización.

Negligencia sin encubrimiento

La sentencia judicial de este miércoles considera que la Iglesia fue negligente al no investigar las denuncias de abusos expresadas por las tres víctimas de Karadima, pero establece que "no hay prueba alguna que logre acreditar la hipótesis de encubrimiento o complicidad" por parte del ex arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, removido el sábado pasado de su cargo por el Vaticano, y del cardenal Francisco Javier Errázuriz, a quienes acudieron las víctimas para denunciar los hechos en primera instancia.

(AP)
(AP)

"Ni el señor Ezzati ni el señor Errázuriz tuvieron conocimiento de los abusos cometidos en contra de sus representados", agrega el documento judicial.

También se acredita el "daño psicológico" que sufrieron Hamilton, Murillo y Cruz a consecuencia de los abusos y el actuar negligente de la Iglesia, que ha pedido perdón en varias ocasiones por este y otros casos similares.

Caja de pandora

Los tres demandantes de Karadima abrieron en 2010 una caja de pandora que sacó a la luz pública la "cultura de abusos" en la Iglesia chilena que fue reconocida por el papa Francisco y que replica los escándalos de pederastia protagonizados por el clero en países como Estados Unidos o Australia.

En paralelo a la justicia canónica, que ha expulsado a varios obispos y sacerdotes en el último año, los tribunales chilenos mantienen abiertos 158 casos en contra de religiosos o laicos que desarrollan funciones en la iglesia, en denuncias que involucran a 219 las personas investigadas y 241 las víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de ser abusados.

Giovanna Fleitas (AFP)

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