Los fiscales anticorrupción peruanos desplazados denunciaron que el Ministerio Público está tomado por una organización criminal

Los dos fiscales peruanos separados del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro ex presidentes de su país y la líder opositora Keiko Fujimori, calificaron este martes su destitución de ilegal y advirtieron de que esa decisión supone la toma de la Fiscalía por parte de la organización criminal que ellos persiguen.

El procurador Rafael Vela, coordinador del equipo especial para estos emblemáticos casos de corrupción, y su mano derecha, José Domingo Pérez, acusaron al cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que los destituyó, de servir a los intereses de esa organización criminal.

Lo hicieron en una conferencia de prensa celebrada en un local rodeado de cientos de personas que se concentraron para manifestarles su apoyo y pedir su continuidad, y en la que afirmaron que no tienen intención de abandonar sus investigaciones.

Preguntados por la organización criminal a la que hicieron mención, Vela explicó que se refieren a la cúpula del partido opositor fujimorista Fuerza Popular, objeto de parte de las investigaciones, incluida su líder, Keiko Fujimori, que actualmente está en prisión preventiva por presunto blanqueo de dinero.

El fujimorismo, que dirige el Congreso de Perú con mayoría, tiene además paralizadas una serie de denuncias constitucionales contra Chávarry por sus vínculos con una amplia red de corrupción descubierta en el seno de judicatura peruana que ha marcado la agenda política del país en el último semestre.

Vela y Pérez anunciaron que impugnarán la resolución que los cesa de sus funciones para que sea revisada por la junta de fiscales supremos, compuesta por cinco fiscales, uno de ellos Chávarry, que aseguran que debe inhibirse por ser el que tomó la decisión de apartarlos.

Para Vela, el principal motivo de su destitución y la de Pérez es frustrar el acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) que habían alcanzado con la empresa Odebrecht y que debía dar un espaldarazo a las investigaciones con nuevos interrogatorios a los ejecutivos y la entrega de información sensible.

El pacto, que debía firmarse el viernes 11 de enero, comprometía a los ejecutivos de la constructora brasileña a colaborar con los fiscales a cambio de que ellos recibieran beneficios en los procesos.

El jefe del equipo especial acusó a Chávarry de inmiscuirse, afectar y hostigar las investigaciones al punto de llegar a cesarlos por no facilitarle el acuerdo con Odebrecht, acto que explicó que están impedidos por ley al tratarse de un documento reservado.

"Los argumentos expuestos son solo una justificación, una apariencia de legalidad que ha buscado afectar el convenio de colaboración eficaz, entendimiento al que habíamos llegado dentro de una serie de negociaciones bastante complejas", explicó Vela.

Asimismo, el fiscal superior criticó que Chávarry haya decidido reemplazarlos por Marcial Páucar, al que él mismo apartó en agosto por haber rechazado la colaboración eficaz de uno de los principales imputados que puede llevar a presuntos actos de corrupción del expresidente Alan García en la construcción del Metro de Lima.

"Eso nos llama poderosamente la atención. Desde el punto de vista funcional, pensamos que (Páucar) no debe estar en el equipo especial. Así lo informamos", apostilló Vela.

Los dos fiscales fueron destituidos este lunes 31 de diciembre por la noche, a escasas cuatro horas de que se iniciasen las celebraciones por el Año Nuevo.

Además de a Keiko Fujimori y a Alan García, las investigaciones también comprenden a los expresidentes peruanos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido ante fiscales haber pagado sobornos en Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la presidencia del país.

(Con información de EFE)

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