La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, instó el jueves a Honduras a revocar la concesión de una obra para construir una represa en tierras ancestrales indígenas, que motivó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
En una audiencia pública durante el 170 periodo de sesiones de la CIDH en Washington, Macaulay cuestionó el permiso otorgado por el Estado hondureño a la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA) para la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, a la cual se oponía Cáceres.
"Es mi humilde opinión, en base a mis antecedentes jurídicos y a haber sido magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa concesión fue otorgada en contradicción con la jurisprudencia establecida por la Corte y la Comisión", dijo Macaulay.
La jurista jamaiquina dijo que "claramente" la concesión es legalmente inválida.
"Lo que el Estado tiene que hacer es encontrar la manera de revocar esa concesión para volver a estar de conformidad con el sistema legal interamericano", afirmó.
En la audiencia, activistas denunciaron la concesion "ilegal" otorgada por DESA sin respetar la voluntad de la población indígena.
Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), pidió a la procuradora de Honduras, Lina Cardona, presente en representación del Estado hondureño, que se inicie a la brevedad el trámite correspondiente para esa revocatoria.
"Llevaremos esta inquietud", dijo Cardona, insistiendo en que "la investigación continúa".
La semana pasada, una corte hondureña condenó a siete personas por el asesinato de Cáceres, quien encabezó la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que arriesgaba desplazar a cientos de indígenas Lenca.
Cáceres, ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medio ambiente, fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016 tras recibir amenazas de muerte por su lucha contra la obra.
El presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, ha sido acusado por la fiscalía hondureña como sospechoso de ser autor intelectual del asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Cáceres había recibido medidas cautelares de la CIDH por las amenazas que recibía de Castillo y otros ejecutivos de DESA.
En la audiencia del jueves, Laura Zúñiga, hija de la activista, pidió condenas para todos los responsables por la muerte de su madre, incluyendo a los ejecutivos de DESA.
(Con información de AFP)
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