La Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil analizará este martes un nuevo pedido de libertad solicitado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril pasado.
Los abogados de Lula presentaron el recurso de habeas corpus en el máximo tribunal del país después de que el juez que lo condenó en primera instancia, Sérgio Moro, aceptase ser ministro de Justicia del Gobierno que el presidente electo, Jair Bolsonaro, que asumirá el 1 de enero.
Moro, quien fue responsable de la operación anticorrupción Lava Jato en primera instancia, condenó al ex mandatario el año pasado a 9 años y 6 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero en un asunto relacionado con los desvíos destapados en la estatal Petrobras.
Esa pena fue ampliada en enero pasado a 12 años y 1 mes por un tribunal de segunda instancia y en abril fue el propio Moro fue el que decretó su ingreso en prisión. Lula era en ese momento el líder de las encuestas para ganar las elecciones que consagraron a Bolsonaro como presidente.
El magistrado, símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil, aceptó a principios de este mes la invitación del mismo Bolsonaro para ser el futuro ministro de Justicia de su Ejecutivo.
La defensa del aún líder del Partido de los Trabajadores (PT) alega "la irremediable pérdida de la imparcialidad" de Moro "para procesar y juzgar" al ex jefe de Estado (2003-2010), con quien el magistrado "estableció una relación de enemistad capital", además de "demostrar la existencia de intereses" extrajudiciales.
Este nuevo habeas corpus será evaluado por los cinco jueces que integran la segunda sala del Supremo: Luiz Edson Fachin, Carmen Lucia Antunes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes y el decano del tribunal, José Celso de Mello.
Los abogados de Lula han presentado múltiples recursos en distintas instancias judiciales para conseguir la libertad del antiguo dirigente sindical, pero todos fueron rechazados.
Lula acumula además otros procesos abiertos también relacionados con asuntos de corrupción. Una de esas causas penales está en la recta final para su conclusión.
En ella el ex presidente es acusado de corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado de las obras por cerca de un millón de reales (hoy unos 260.000 dólares) que varias empresas hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de San Pablo, que se le atribuye.
(Con información de EFE)
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