Este lunes se cumplió una semana de la desaparición de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrado en la frontera de Ecuador y Colombia, y del que no han trascendido noticias.
El equipo, integrado por el periodista Javier Ortega, 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor, Efraín Segarra, de 60, se había desplazado desde Quito a la provincia de Esmeraldas (noroeste) para recoger testimonios sobre la situación en la zona fronteriza, escenario de ataques contra fuerzas ecuatorianas atribuidos a grupos organizados armados residuales.
El pasado 27 de enero un coche bomba estalló frente al principal cuartel de la policía de San Lorenzo, en esa provincia, provocando heridas a 28 personas y daños materiales en infraestructuras.
Debido a la situación en la frontera norte, el Gobierno de Ecuador decidió el pasado miércoles ampliar el estado de excepción en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de Esmeraldas, y anunció la creación de un Consejo de Seguridad Fronterizo. Hasta allí iba el equipo que terminó secuestrado.
El Ejecutivo ecuatoriano mantiene total discreción sobre las negociaciones que mantiene con los secuestradores, de las que solo ha trascendido que no han pedido rescate.
Aunque el Gobierno no se ha referido a ningún grupo en concreto, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Alberto Mejía, atribuyó la autoría del secuestro a disidentes de las FARC, liderados por alias "Guacho".
El narcoguerrillero señalado pro Colombia es un ecuatoriano identificado por inteligencia militar como Walter Artízala, de no más de 35 años, fue guerrillero de las FARC por 15 años, tiempo durante el cual se especializó en explosivos, narcotráfico y finanzas.
Tras apartarse del acuerdo de paz, se quedó al frente de un grupo de entre 70 y 80 hombres y se mueve entre ambos países por una área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.
Desde el secuestro del equipo de El Comercio, grupos de periodistas, activistas, ciudadanos de toda índole y familiares, han realizado vigilias diarias en distintos puntos del país para pedir por su pronta liberación.
En los numerosos mensajes difundidos en redes sociales, se exige a los Gobiernos de Ecuador y Colombia que protejan a los desaparecidos y su captura es considerada como un ataque a la libertad de prensa.
La campaña "Nos faltan 3" ha cruzado fronteras y recibido el apoyo de numerosos profesionales de la información de todo el mundo.
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