
El Gobierno brasileño prepara un programa de dimisión voluntaria y un plan de reducción de jornada para funcionarios públicos con el que espera reducir gastos y ahorrar cerca de 1 billón de reales (unos 317 millones de dólares) por año.
La propuesta, que será presentada en los próximos días, ofrecerá una indemnización a los funcionarios públicos que acepten el plan de dimisión voluntario correspondiente a 1,25 salarios por año trabajado, según divulgó el Ministerio de Planeamiento en un comunicado.
La misma cartera también prepara una propuesta de reducción de la jornada laboral, en la que los funcionarios, en lugar de las 8 horas diarias y 40 horas semanales, puedan optar por 6 horas diarias y 30 semanales o 4 horas diarias y 20 semanales, con un corte en el salario proporcional a la reducción de la jornada.
"Será asegurado, a quien opte por la reducción de la jornada, el pago adicional de media hora diaria, calculada conforme reglamento para ser editado por el Ministerio de Planeamiento, Desarrollo y Gestión", asegura el texto.
Los gastos del Gobierno con los funcionarios públicos aumentaron en los últimos tres años en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), y pasaron de suponer el 3,8 % del PIB en 2014 al 4,1 % en 2016, equivalente a 257.870 millones de reales (unos 81.865 millones de dólares).
El aumento del gasto con personal en los últimos años fue atribuido por el Gobierno a la recesión económica que vive el país, que provocó una caída del PIB, y aumentó el peso de los gastos con personal.
La economía de Brasil se retrajo un 3,8% en 2015, su peor resultado en 25 años, y otro 3,6 % en 2016, con lo que encadenó dos años consecutivos de crecimiento negativo por primera vez desde la década de 1930. Para este año, el Gobierno espera un crecimiento del 0,5%.
La crisis ha provocado un aumento del desempleo y una retracción de la actividad económica, y ha obligado al Gobierno a anunciar recortes y a subir impuestos para poder cumplir con sus metas fiscales.
La semana pasada, el Ejecutivo que preside Michel Temer anunció un nuevo recorte en los gastos previstos en el presupuesto de este año, esta vez de 5.900 millones de reales (unos 1.900 millones de dólares), y una elevación de algunos de los impuestos que inciden sobre los combustibles.
Con el aumento de un tributo sobre la gasolina, el diesel y el etanol decretado la víspera, el Ejecutivo espera recaudar 10.400 millones de reales (unos 3.300 millones de dólares) adicionales en lo que resta del año.
El nuevo recorte en los gastos se suma a otro anunciado en marzo pasado por valor de 42.100 millones de reales (unos 13.500 millones de dólares) de distintas partidas presupuestarias.
El Ejecutivo espera que las medidas sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la meta fiscal que se impuso para 2017, cuando espera limitar el déficit público del país en 139.000 millones de reales (unos 44.000 millones de dólares), que equivale a alrededor del 2,0 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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