Un informe oficial señaló que un total de 865 niños chilenos murieron en los últimos once años mientras estaban bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores, una cifra que supera ampliamente estimaciones de las autoridades de justicia y que ponen en aprietos aún más a ese cuestionado organismo en la nación sudamericana.
Solange Huerta, directora de esa institución dependiente del Ministerio de Justicia, dio esas cifras a la prensa el lunes en medio de fuertes cuestionamientos generados desde que se conoció la muerte este año de Lissette, una pequeña de 11 años que falleció en abril presuntamente por una mala atención médica de sus cuidadoras. La policía de investigaciones indaga la responsabilidad de dos funcionarias.
La titular del Ministerio de Justicia, Javiera Blanco, fue interpelada por un grupo de diputados con la intención de destituirla aunque no reunió los votos necesarios. Blanco había asegurado que los niños y adolescentes fallecidos al cuidado del organismo estatal de menores entre 2005 y mayo de 2016 eran 185.
"Ayer el país conoció la dura realidad de las cifras de niñas, niños, jóvenes incluso algunos adultos fallecidos bajo al protección del Sename. La verdad es que a todos nos ha impactado profundamente", dijo por su parte la presidente Michelle Bachelet.
"A mí como chilena, como Presidenta, me genera mucha tristeza y también malestar, porque como sociedad y como Estado le hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables", acotó.
Las críticas al servicio datan de 2013, cuando se conoció parcialmente el resultado de un estudio impulsado por el Poder Judicial y la Unicef que reveló una situación desoladora pero que no pasó a más hasta que se conoció la muerte de Lissette en abril.
El organismo está en la mira de una comisión de diputados oficialistas y de oposición que reflotaron las malas condiciones en que viven los menores en los hogares del ente estatal o en casas particulares que acogen a niños vulnerables por los que reciben cierta cantidad de dinero, en las que jueces han constatado múltiples deficiencias que van desde falta de personal especializado, de siquiatras, camas, problemas eléctricos constatados por investigaciones de jueces de familia.
El mal diagnóstico sobre el funcionamiento del servicio también quedó reflejado en un informe realizado por un grupo de jueces que visitó 298 centros del ente estatal durante el primer semestre de 2016, que constataron deficiencias económicas, de infraestructura, salubridad y falta de personal idóneo para gestionar las residencias.
Huerta detalló que del total de fallecidos, 210 niños y adolescentes vivían en residencias de protección de ese organismo; 406 murieron mientras estaban en programas ambulatorios del ente estatal, 33 adolescentes cumplían condenas en centros de rehabilitación directa del organismo y 216 integraban programas ambulatorios del mismo ente.
Agregó que de ese grupo de 210, unos 113 tenían algún grado de discapacidad, 74 tenían menos de seis años, 131 tenían alguna enfermedad, 32 no estaban enfermos y que en 47 muertes la causa "no es concluyente". Todos los decesos se produjeron entre 2005 y junio de 2016.
Huerta dijo que la demora en entregar las cifras definitivas "obedece a la deficiencia de nuestro sistema, y asumimos un compromiso para que nunca más nos pase en nuestra sociedad".
La diputada opositora Claudia Sabat, que también interpeló a Blanco, dijo que "todos nuestros temores finalmente se hicieron realidad hoy. Con dolor tenemos una información que realmente debe darnos vergüenza como país".
(Eva Vergara para Associated Press)
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