Más de 900 personas en Venezuela fueron imputadas por la polémica ley de “incitación al odio” desde 2017

Al menos 927 personas fueron acusadas en Venezuela por “incitación al odio” desde 2017, cuando entró en vigencia una ley que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió reformar esta semana ante el Parlamento controlado por el chavismo. Según la organización no gubernamental Foro Penal, seis de los acusados permanecen detenidos y 638 cumplen medidas restrictivas de libertad.

El vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, indicó que el delito suele aparecer junto a imputaciones por terrorismo y asociación. “La mayoría de las veces” la acusación de incitación al odio fue presentada con esos otros cargos, explicó Himiob.

La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión para quienes “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, además de otras sanciones. El texto fue impulsado en 2017 por el ex dictador Nicolás Maduro.

Organizaciones sociales y sectores opositores cuestionaron la norma y la incluyeron dentro del marco jurídico utilizado contra periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del chavismo. Rodríguez sostuvo el martes que mantiene su respaldo a los principios de la ley, aunque reconoció deficiencias en su aplicación. La dirigente afirmó que la norma “lamentablemente fue mal aplicada” y que existió “un uso abusivo” de sus disposiciones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial integrada por 11 diputados, que redactará el proyecto de reforma. En febrero, el legislador oficialista ya había reconocido un uso inadecuado de la legislación y planteó la posibilidad de modificarla.

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó en X que los procesos abiertos bajo esa legislación sean “revisados y cerrados”. La organización afirmó que esas causas “solo han servido para criminalizar la expresión”. “Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”, agregó el sindicato. Diversas organizaciones exigen la derogación de la ley y alertan sobre la amplitud de su redacción, que, según sostienen, permite interpretaciones discrecionales para acusar y sancionar comentarios u opiniones.

El pedido de reforma surgió después de que el Gobierno y un sector de la oposición concluyeran el segundo ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición política en Venezuela. También coincidió con una visita de Human Rights Watch (HRW), la primera de la organización al país desde 2008. HRW pidió modificar o derogar las leyes que “han permitido las violaciones de derechos humanos”, entre ellas la Ley Contra el Odio.

Por su parte, Plataforma Unitaria Democrática (PUD) exigió el miércoles la derogación inmediata de la ley contra el odio y rechazó la propuesta de, Delcy Rodríguez, para reformar la norma. “Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, sostuvo la principal coalición opositora venezolana en un comunicado.

La alianza, que respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, afirmó que la legislación formó parte del marco jurídico utilizado para restringir libertades y perseguir a quienes disienten del chavismo. “Durante años, este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”, señaló la PUD.

El bloque opositor consideró que el país no requiere una modificación de la norma, sino el desmontaje de las disposiciones legales que, según denunció, permitieron el uso del aparato estatal contra ciudadanos por sus opiniones o posiciones políticas.

“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución. No se reforma la represión: se desmonta”, expresó.

La PUD sostuvo que la derogación de la ley debe constituir “un paso concreto” para recuperar las libertades civiles y políticas, el Estado de derecho y las garantías democráticas.

(Con información de EFE)