ONG y dirigentes exigen derogar la Ley contra el Odio y todas las normas que persiguen a la disidencia en Venezuela

Organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos consideran insuficiente el anuncio de la presidenta encargada de Delcy Rodríguez de reformar la Ley contra el Odio y exigen su derogación, tras señalar que el instrumento solo ha servido para criminalizar a la disidencia.

“Recordamos que esta ley ha sido utilizada como un medio de control a la expresión social: más de 120 casos documentados (2017-2024) y al menos 33 detenciones en el ciclo postelectoral de 2024 bajo imputaciones de ‘Promoción e incitación al odio’, las víctimas son en su mayoría activistas, infociudadanos y periodistas”, indicó la ONG Espacio Público.

Espacio Público aseguró que “esta norma también ha contribuido a esquemas de extorsión y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación de derechos”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) apuntó que “la revisión de la Ley contra el Odio debe desmontar tanto la penalización de la expresión como los mecanismos de censura que contiene la norma”.

“Eliminar las penas de prisión sería un avance importante, pero no es suficiente si se mantienen disposiciones que permiten revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos”, enfatizó el SNTP, que mantiene su exigencia de que el texto sea abrogado.

El director de la ONG Provea, Oscar Murillo, señaló que los defensores de DDHH demandan la abolición de la Ley contra el Odio y de una serie de textos promulgados por el régimen chavistas para perseguir a las voces críticas. “Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación. Requerimos avanzar en el proceso de reconstrucción institucional”, expuso Murillo.

Ante la iniciativa de la mandataria interina de solicitar la modificación de la norma, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) insistió en que “este instrumento debe ser derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión”.

Fuera

La delegación de la oposición que participa en el proceso de negociación con el régimen chavista, subrayó que la reforma de la ley “se produce en el marco del proceso de diálogo orientado a la reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes”.

“Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores, de acuerdo a los conversado, y contribuya al restablecimiento de los derechos y las garantías ciudadanas”, agregaron.

La dirigencia opositora también se unió al reclamo. Juan Pablo Guanipa, vocero de Primero Justicia, recordó que “la Ley contra el Odio fue aprobada en 2017 por la ilegal Asamblea Constituyente presidida por la propia Delcy Rodríguez”.

“Durante años fue utilizada para perseguir, encarcelar y silenciar a venezolanos. Hay víctimas, presos, familias destruidas y denuncias de torturas asociadas a ese aparato represivo”, recalcó Guanipa, quien demandó la liberación de los presos políticos.

La fundadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, manifestó que el daño provocado por la Ley contra el Odio “no se resuelve con reformas parciales”. “Las leyes que han servido de sustento a la represión deben ser derogadas”, afirmó.

“Ahora Delcy Rodríguez dice que se hizo un uso abusivo de la Ley del Odio. Pero ese uso abusivo lo hizo ella misma. No te podrás lavar la cara con todo tu desdoblaje discursivo. Ustedes son los responsables de todo el abuso de poder que se le aplicó a los venezolanos”, fustigó Andrés Velásquez, líder de La Causa R.