Funcionarios de Tierras y militares ayudan a la invasión de una hacienda productiva en la frontera

La Hacienda El Porvenir, ubicada en el municipio Libertador del estado Táchira y propiedad de Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez, se ha convertido en el centro de una disputa por la ocupación y adjudicación de tierras. Sus representantes aseguraron a Infobae que el predio mantiene más de 2.000 bovinos, entre animales destinados a la cría, la reproducción y el engorde, además de instalaciones y mejoras orientadas a la actividad agropecuaria.

Las invasiones en Táchira siempre han tenido respaldo de funcionarios del Instituto de Tierras, dependiente del Ministro de Agricultura, que desde abril dirige el general Vladimir Padrino López. El problema de la ocupación ilegal sigue activo por razones económicas y del partido de Gobierno.

La ocupación y lotificación de áreas de la Hacienda El Porvenir, así como la obstaculización de sus actividades agroproductivas y la falta de ejecución efectiva de una medida de protección dictada por el Tribunal Superior Agrario, revela la complicidad.

La situación compromete una unidad de producción con más de 2.000 semovientes bovinos destinados a la cría, reproducción y engorde, además de potreros cultivados, instalaciones, mejoras y bienes necesarios para la explotación agropecuaria. La restricción del acceso al agua y al pastoreo amenaza la integridad del rebaño y la continuidad de una actividad vinculada con la seguridad agroalimentaria.

El 4 de septiembre 2026, en horas del mediodía, un grupo de personas llegó al sector San Miguel del Fundo El Porvenir acompañado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y representantes de la Oficina Regional de Tierras (ORT) Táchira del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Según la denuncia, comunicaron a Wilson Moreno Torrealba, encargado del sector, que tomarían posesión de las tierras y que el fundo debía ser desocupado.

Los presentes exigieron retirar el ganado y advirtieron que no asumirían responsabilidad por lo que pudiera ocurrir con los semovientes. Cuando Moreno informó que notificaría a Satuario Gutiérrez, encargado general de la hacienda, le habrían respondido que este no tenía competencia en el lugar y que cualquier reclamo debía formularse ante el INTI o los tribunales.

A partir de esa actuación se intensificó la demarcación de parcelas dentro de áreas destinadas históricamente a la ganadería extensiva. Las nuevas divisiones y cercas impiden el libre desplazamiento del rebaño, interrumpen el pastoreo y paralizan parcialmente las labores ordinarias del fundo.

El Tribunal ordena

Ante la gravedad de los hechos, la representación judicial de Gilberto Fuentes, propietario de la hacienda, solicitó una medida cautelar anticipada de protección agropecuaria. El Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira la decretó el 14 de septiembre de 2026, dentro del expediente N.º 322-26.

La decisión prohíbe levantar obras nuevas, incluidas viviendas improvisadas, efectuar deforestaciones, realizar siembras improvisadas u ocupar ilegalmente cualquier área de la hacienda. Asimismo, ordena remover cercas perimetrales. La parte solicitante pidió extender la ejecución a toda demarcación con fines de lotificación, ranchos y cercados construidos por los ocupantes.

El 25 de septiembre de 2026, los apoderados judiciales de Fuentes se trasladaron al sector San Miguel junto con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana para ingresar por el sector La Yaya y materializar la medida. La diligencia no pudo realizarse porque funcionarios de la GNB adscritos al Destacamento 215 no atendieron la orden de traslado y apostamiento fijada por el tribunal.

Siguen cercando

Pese a la decisión judicial, los ocupantes continúan reforzando cercas, abriendo vías con tractor e introduciendo ganado en las áreas demarcadas, de acuerdo con los denunciantes. También mantienen cerrados los dos portones del sector San Miguel y restringen el ingreso del encargado y del personal obrero.

Estas restricciones dificultan el acceso de los animales a fuentes de agua y a potreros sembrados con pasto Mombasa. La representación de la hacienda advierte que el confinamiento y la pérdida de áreas de pastoreo pueden causar daños irreparables al rebaño, reducir la producción y afectar el abastecimiento alimentario.

La culpa es del dron

El 24 de noviembre 2025, representantes de El Porvenir acudieron al INTI Táchira y se reunieron con Javier Enrique Sánchez Quintero, coordinador general de la Oficina Regional de Tierras. El funcionario les indicó que una inspección determinó que no había ganado ni propietario identificado y que, con base en ello, se adjudicaron 500 hectáreas.

La defensa denuncia una vulneración del debido proceso, pues afirma que ni Fuentes, ni el encargado, ni sus abogados fueron notificados del inicio o curso del procedimiento. Ante el reclamo sobre la existencia visible de más de 1.500 reses, potreros cultivados y trabajadores, Sánchez explicó que la inspección se realizó mediante un dron que “seguramente no captó nada de eso”.

Por recomendación del propio coordinador, la representación del fundo solicitó formalmente el 15 de diciembre de 2025 la revocatoria de las adjudicaciones. Hasta finales de septiembre 2026 el INTI y la ORT Táchira no habían emitido respuesta.

La competencia directa recae en los viceministerios de Juan Alirio Villarroel, Viceministro para el Desarrollo Pecuario Integral y Wilber Atahualpa Colmenárez Escalona Viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras de Venezuela.

Antecedentes inmediatos

El 8 de noviembre de 2025, un grupo de aproximadamente 20 personas ingresó por la parte posterior de la hacienda, en el área que limita con el río Navay, desde el Potrero El Plato, vía Los Almendros, hacia el sector San Miguel. Aprovechando la ausencia del encargado, levantó cercas y marcó parcelas, según la denuncia.

El 11 de noviembre se presentaron un supuesto funcionario del INTI, un abogado y militares de la GNB sin exhibir identificación. Mostraron un memorando del 5 de noviembre 2025, suscrito por Javier Enrique Sánchez, que ordenaba inspeccionar el predio Arcángel, propiedad de Jesús Martínez, en San Antonio de Caparo; la defensa subraya que ese inmueble no guarda relación con El Porvenir.

El 24 de abril 2026, varias personas fotografiaron la propiedad y preguntaron al encargado si había ganado en el predio. Tras la confirmación, presuntamente le solicitaron no informar al dueño. El 4 de junio se produjo una nueva alerta ante la posible entrada de un grupo para ocupar otras 400 hectáreas.

Hace más de cuatro años, el 26 de mayo 2022, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios camiones ganaderos llegaron al fundo. Los propietarios atribuyeron la actuación a un grupo encabezado por Tamani Bernal, identificado en la denuncia como hijo del gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales, y acompañado por el abogado Eduardo Hernández, vinculado por los denunciantes con la Oficina Nacional Antidrogas. (https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/05/29/venezuela-el-hijo-del-gobernador-del-tachira-y-hombres-armados-allanaron-una-finca-en-apure-secuestraron-al-personal-y-se-llevaron-el-ganado/)

Según esa denuncia, cerca de 600 bovinos fueron retirados sin autorización del propietario. La Fiscalía del estado Táchira inició un proceso penal por instrucción de la Fiscalía General de la República; posteriormente se recuperaron los animales y el Tribunal Superior Agrario dictó una medida de protección agroalimentaria.

La actividad agropecuaria

Gilberto Antonio Fuentes Rodríguez sostiene una posesión pacífica de más de 30 años, regularizada mediante Carta Agraria aprobada por el Directorio del INTI en su reunión N.º 38-04, del 29 de junio de 2004. La actividad se acredita, según sus representantes, con personal permanente, oficinas, certificados de vacunación del ganado, comprobantes de labores de maquinaria, potreros sembrados e infraestructura agropecuaria.

Los representantes de El Porvenir solicitan al jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), general Carlos Augusto Bastidas Bastidas, y a las autoridades competentes que dispongan el acompañamiento necesario para ejecutar de inmediato la medida judicial del 14 de septiembre de 2026 y garantizar el ingreso seguro de los propietarios, encargados, trabajadores y apoderados.

Asimismo, solicitan retirar cercas, lotificaciones y construcciones improvisadas; restablecer el acceso del ganado al agua y a los potreros; impedir nuevas ocupaciones; investigar las actuaciones administrativas denunciadas; y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la orden judicial.

La parte denunciante atribuye al INTI Táchira y al alcalde del municipio Libertador apoyo a los grupos ocupantes, señalamiento que corresponde esclarecer mediante una investigación formal y con respeto al derecho a la defensa.

La ejecución efectiva del decreto contenido en el expediente N.º 322-26 resulta urgente para evitar daños mayores al rebaño, preservar la producción agropecuaria y restablecer el orden público. Los representantes de la hacienda El Porvenir requieren una respuesta institucional inmediata, documentada y coordinada que garantice el cumplimiento de la decisión del Tribunal Superior Agrario.