Cilia Flores solicitó prisión domiciliaria por “problemas de salud” mientras espera el juicio por narcotráfico junto a Maduro

Cilia Flores, esposa del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, solicitó a un tribunal federal de Nueva York que se le permita esperar su juicio por narcotráfico bajo arresto domiciliario en lugar de continuar detenida en una prisión de Brooklyn. Sus abogados presentaron el pedido el miércoles ante el juez Alvin K. Hellerstein, con el argumento de que una afección cardíaca que padece desde hace años se agravó desde su ingreso al centro de detención.

Según el escrito judicial, firmado por los defensores Mark Donnelly y Andrés Sánchez, Flores convivía con un “prolapso de la válvula mitral” antes de su arresto y recibía un tratamiento mensual con inyecciones que no ha podido continuar durante su reclusión. En su lugar, el equipo médico del penal le prescribió aspirina infantil, una estatina, diltiazem y nitroglicerina para los episodios de dolor en el pecho.

“Merece la oportunidad de esperar su juicio en confinamiento domiciliario”, escribieron los abogados, quienes detallaron que su clienta perdió más de once kilos, sufrió la pérdida de dos molares y presenta reflujo y gastritis persistentes desde enero. La defensa añadió que médicos recomendaron realizarle un cateterismo cardíaco, procedimiento que podría derivar en intervenciones adicionales y que, según argumentan, requiere un entorno de recuperación distinto al que ofrece una cárcel federal.

El documento también hace referencia a un episodio de salud ocurrido el 29 de julio que, de acuerdo con los propios abogados, “aparentemente” pudo tratarse de un infarto leve, aunque este punto no cuenta con confirmación médica oficial.

La defensa propuso un esquema de detención alternativa: una residencia privada dentro del distrito judicial de Manhattan, custodiada por guardias armados durante las 24 horas, con visitas restringidas a las personas autorizadas por la corte y la fiscalía, líneas telefónicas intervenidas y monitoreo por video. Flores ofreció además asumir los costos del traslado y entregar su pasaporte como garantía adicional para permanecer bajo custodia estadounidense.

Los abogados subrayaron que el personal del centro de detención “ha sido extremadamente respetuoso” con la pareja y que Flores “no cuestiona que ha recibido una atención excelente” por parte de los profesionales médicos que la atendieron tanto en la prisión como en el hospital. Sin embargo, insistieron en que “un centro de detención carece de las condiciones necesarias” para una recuperación adecuada tras eventuales procedimientos cardíacos.

Bajo sello el historial médico de Flores

Paralelamente, el juez Hellerstein aceptó una petición complementaria de la defensa para mantener bajo sello el historial médico de Flores presentado como respaldo del pedido de arresto domiciliario. En su resolución, el magistrado sostuvo que “los tribunales de este circuito autorizan regularmente la presentación de historiales médicos bajo sello”, al considerar que prevalece el interés de la acusada en proteger la privacidad de esa información sobre la presunción de acceso público a los expedientes judiciales.

La fiscalía federal de Manhattan no ha presentado aún una respuesta formal a la solicitud y un portavoz de esa oficina declinó hacer comentarios. El juez tampoco se ha pronunciado sobre el pedido.

Flores, de 69 años, y Maduro, de 63, permanecen detenidos desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en un operativo nocturno en su residencia de Caracas y los trasladaron a Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que los acusan de integrar una conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

Las defensas de ambos acusados presentaron además mociones separadas para desestimar la causa, basadas en un reclamo de inmunidad soberana por sus cargos como jefe de Estado y primera dama al momento del arresto. Una audiencia para escuchar los argumentos sobre esas mociones está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el inicio del juicio quedó fijado para el 1 de junio de 2027.