El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció dos nuevas muertes en las cárceles venezolanas a consecuencia de la crisis sanitaria que afecta a estos recintos.
“Estas dos muertes dejan en evidencia cómo estar enfermo en prisión puede convertirse en una pena de muerte, ante la inexistencia de una asistencia médica integral para las personas privadas de libertad”, señala la organización defensora de Derechos Humanos.
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El primer deceso se registró en el internado judicial Rodeo II, en el estado Miranda, donde Jhonney Alexis Martínez Cordero perdió la vida a causa de una meningitis bacteriana. “Actualmente, este penal alberga a más de mil personas privadas de libertad, pese a haber sido diseñado originalmente para una población aproximada de 500 reclusos”, acotan.
“En estas condiciones, la aparición de una enfermedad transmisible como la meningitis bacteriana no puede analizarse únicamente desde la situación individual de quien la padecía, sino también desde el riesgo que puede representar para una población obligada a convivir en condiciones de sobrepoblación”, alerta el OVP.
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El otro caso ocurrió en Rodeo IV, donde falleció Anthony Alejandro Quintero Galindo, quien padecía VIH, sífilis y síndrome diarreico crónico. Destacan que en ese establecimiento “prevalece una opacidad casi absoluta, pues se desconoce incluso cuál es su capacidad instalada y tampoco existen datos públicos, periódicos y verificables sobre alimentación, higiene, acceso al agua potable, atención médica, enfermedades, tratamientos disponibles o el número de personas que han fallecido bajo custodia”.
Cooperación
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la noche del lunes 24 de agosto que el gobierno está “trabajando en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para revisar las condiciones de los centros de reclusión y seguir atendiendo lo que debe ser mejorado”.
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“Queremos que la comunidad internacional conozca de primera mano las mejoras y avances que queremos para nuestro sistema penitenciario”, manifestó Rodríguez, quien antes del doblete sísmico del 24 de junio había iniciado una consulta para reformar el sistema de justicia penal del país.
“Esperamos que esta cooperación permita conocer la realidad penitenciaria sin filtros y no termine siendo utilizada por el gobierno para lavar la cara de un sistema que durante años ha acumulado denuncias de hacinamiento, muertes, enfermedades, torturas, alimentación deficiente y falta de atención médica”, reaccionó el OVP ante el anuncio de la mandataria interina.
La ONG espera que “el CICR pueda ingresar a Rodeo I, donde permanece un importante número de presos políticos y existen denuncias de familiares sobre personas con diversas patologías y dificultades para acceder a una atención médica adecuada”.
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“Una cárcel no puede convertirse en un espacio donde una enfermedad sea detectada cuando ya es demasiado tarde, puesto que la obligación del Estado no comienza cuando un preso llega a una emergencia, sino con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno”, recalca el OVP.
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