ONG advierten que daños provocados por los sismos y precariedad laboral atentan contra el inicio de clases en Venezuela

Mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez anuncia que el próximo curso escolar comenzará el 14 de septiembre, la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap apuntan que más de 900 escuelas resultaron afectadas en todo el país por el doblete sísmico del 24 de junio.

En una consulta realizada a 99 miembros de comunidades escolares, hallaron que 27,3% de los planteles reportan daños graves y 33,3% registra áreas totalmente clausuradas por los efectos del doble terremoto.

Estas ONG recuerdan que varias instituciones educativas fueron tomadas para ubicar campamentos transitorios y centros de acopio con el fin de atender a los damnificados. “Todo esto confirma un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación”, alertan.

Olvidados

El informe de Redhnna y Cecodap no se reduce a evaluar la situación de la infraestructura, llamando la atención sobre el hecho de que 65,7% de los inmuebles revisados presentan daños leves.

También analiza “la precariedad laboral persistente en el personal de las escuelas subvencionadas bajo el convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC (Asociación Venezolana de Escuelas Católicas)”.

“Docentes con décadas de servicio reportan ingresos mensuales que no cubren necesidades básicas; por ejemplo, un maestro con 27 años de servicio percibe alrededor de 767 bolívares, equivalentes a aproximadamente 1,01 dólares al 5 de agosto de 2026”, exponen.

En el caso particular del movimiento de educación popular Fe y Alegría, señalan que el impacto del doblete sísmico perjudica directamente a 15 mil estudiantes, unos 1.300 trabajadores y cerca de 12 mil familias.

“La magnitud de estas cifras exige planes de continuidad educativa, reubicación temporal, adecuación de espacios alternativos y medidas que eviten interrupciones prolongadas de las actividades escolares”, sostienen.

A profundidad

Redhnna y Cecodap “advierten sobre el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel”.

Cuestionan que el Ministerio de Educación no ha brindado “información técnica pública, desagregada y verificable sobre la habitabilidad específica de cada plantel educativo, lo que limita la capacidad de planificación y el control social sobre las decisiones de reapertura”.

Estas organizaciones subrayan “la necesidad de una evaluación técnica independiente antes de cualquier retorno presencial”.

Sobre el funcionamiento de los servicios públicos en las escuelas, 31,3% dijo que el suministro de agua potable presenta fallas y 12,1% indica que no llega. En cuanto a la electricidad, 27,3% respondió que opera con deficiencias y 4% que no tiene.

“Aunque la opción ‘funciona normal’ es mayoritaria en varios servicios, persisten fallas relevantes. La situación más crítica corresponde a línea telefónica e internet: 56,6% de las respuestas reporta fallas o ausencia total del servicio. Esto limita la comunicación con las familias y profundiza las desigualdades cuando se recurre a modalidades de educación a distancia”, detallan.

Peligro

Enfatizando la importancia de garantizar un regreso seguro a las aulas, Redhnna y Cecodap recomiendan “prohibir la reapertura presencial en cualquier centro que no cuente con una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural”.

Sugieren al Ministerio de Educación “implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales para estudiantes, familias y docentes, quienes además enfrentan condiciones socioeconómicas precarias”.

A juicio de estas organizaciones, “la respuesta del Estado debe priorizar el interés superior de la niñez por encima de calendarios administrativos”.