Mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez anuncia que el próximo curso escolar comenzará el 14 de septiembre, la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap apuntan que más de 900 escuelas resultaron afectadas en todo el país por el doblete sísmico del 24 de junio.
En una consulta realizada a 99 miembros de comunidades escolares, hallaron que 27,3% de los planteles reportan daños graves y 33,3% registra áreas totalmente clausuradas por los efectos del doble terremoto.
Estas ONG recuerdan que varias instituciones educativas fueron tomadas para ubicar campamentos transitorios y centros de acopio con el fin de atender a los damnificados. “Todo esto confirma un escenario de alta vulnerabilidad para garantizar el derecho a la educación”, alertan.
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Olvidados
El informe de Redhnna y Cecodap no se reduce a evaluar la situación de la infraestructura, llamando la atención sobre el hecho de que 65,7% de los inmuebles revisados presentan daños leves.
También analiza “la precariedad laboral persistente en el personal de las escuelas subvencionadas bajo el convenio entre el Ministerio de Educación y la AVEC (Asociación Venezolana de Escuelas Católicas)”.
“Docentes con décadas de servicio reportan ingresos mensuales que no cubren necesidades básicas; por ejemplo, un maestro con 27 años de servicio percibe alrededor de 767 bolívares, equivalentes a aproximadamente 1,01 dólares al 5 de agosto de 2026”, exponen.
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En el caso particular del movimiento de educación popular Fe y Alegría, señalan que el impacto del doblete sísmico perjudica directamente a 15 mil estudiantes, unos 1.300 trabajadores y cerca de 12 mil familias.
“La magnitud de estas cifras exige planes de continuidad educativa, reubicación temporal, adecuación de espacios alternativos y medidas que eviten interrupciones prolongadas de las actividades escolares”, sostienen.
A profundidad
Redhnna y Cecodap “advierten sobre el riesgo de acelerar un retorno presencial automático a las aulas en medio de los vacíos de información pública por plantel”.
Cuestionan que el Ministerio de Educación no ha brindado “información técnica pública, desagregada y verificable sobre la habitabilidad específica de cada plantel educativo, lo que limita la capacidad de planificación y el control social sobre las decisiones de reapertura”.
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Estas organizaciones subrayan “la necesidad de una evaluación técnica independiente antes de cualquier retorno presencial”.
Sobre el funcionamiento de los servicios públicos en las escuelas, 31,3% dijo que el suministro de agua potable presenta fallas y 12,1% indica que no llega. En cuanto a la electricidad, 27,3% respondió que opera con deficiencias y 4% que no tiene.
“Aunque la opción ‘funciona normal’ es mayoritaria en varios servicios, persisten fallas relevantes. La situación más crítica corresponde a línea telefónica e internet: 56,6% de las respuestas reporta fallas o ausencia total del servicio. Esto limita la comunicación con las familias y profundiza las desigualdades cuando se recurre a modalidades de educación a distancia”, detallan.
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Peligro
Enfatizando la importancia de garantizar un regreso seguro a las aulas, Redhnna y Cecodap recomiendan “prohibir la reapertura presencial en cualquier centro que no cuente con una certificación técnica documentada de habitabilidad y seguridad estructural”.
Sugieren al Ministerio de Educación “implementar un plan de atención psicosocial y primeros auxilios emocionales para estudiantes, familias y docentes, quienes además enfrentan condiciones socioeconómicas precarias”.
A juicio de estas organizaciones, “la respuesta del Estado debe priorizar el interés superior de la niñez por encima de calendarios administrativos”.
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