La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana que condene al Estado venezolano por la ejecución extrajudicial del concejal y fundador del partido Primero Justicia, Fernando Albán, caso que apunta directamente al actual ministro de Defensa, Gustavo González López.
Albán murió el 8 de octubre de 2018 en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo que en ese momento era dirigido por González López. La CIDH expone que el político opositor fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía por el Sebin “sin orden judicial ni explicación”, y permaneció en condición de desaparición forzada por más de 20 horas.
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Para explicar su fallecimiento, el fiscal general de ese entonces, Tarek William Saab, dijo que la víctima se había suicidado en el cuartel general de la policía política. Tras una década en el cargo, Saab salió del Ministerio Público en febrero de este año.
La renuncia de Saab se interpretó como parte de los movimientos que ejecuta la presidenta encargada Delcy Rodríguez para apartar a las figuras vinculadas con Nicolás Maduro, y tratar de refrescar la imagen del régimen chavista. La mandataria lo designó en marzo jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, que tiene como fin promover el folklore venezolano.
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La CIDH determinó que la detención de Albán “fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración, y que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal”. Concluyó, además, que “el proceso penal en su contra vulneró el principio de legalidad, que la investigación no fue diligente y que su detención respondió a un móvil discriminatorio vinculado a su militancia opositora”.
El chavismo trató de justificar la captura de Albán relacionándolo con un intento de magnicidio contra Maduro.
Castigo
El organismo demanda a la CorteIDH que “declare la responsabilidad internacional del Estado venezolano” por este crimen, y que como medida de reparación lleve a cabo “una investigación seria y en un plazo razonable, que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables, incluida la cadena de mando, y garantice la participación de la defensa de la familia”.
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Uno de los eslabones de esa cadena de mando es precisamente el titular de Defensa nombrado por Delcy Rodríguez, “una figura señalada por organismos internacionales en relación con graves violaciones de Derechos Humanos”, destaca en un informe la ONG Laboratorio de Paz.
“Durante la dirección de González López, el Sebin actuó como un aparato de inteligencia orientado a identificar, vigilar y neutralizar a personas consideradas adversarias políticas”, sostiene Laboratorio de Paz, que agrega que en ese periodo “la inteligencia fue utilizada como herramienta de persecución, no de protección del Estado”.
La ONG defensora de DDHH recuerda que tras el asesinato de Albán, el general en jefe del Ejército “permaneció fuera del foco público durante varios meses. El 8 de enero de 2019 reapareció en funciones oficiales, siendo designado como ‘consejero de seguridad de la Presidencia de la República’, lo que evidenció su continuidad dentro de las estructuras de poder a pesar de la gravedad de los hechos ocurridos bajo su dirección”.
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