Las madres de los deportados muertos en el terremoto denuncian: “Que hayan estado en ese sitio es culpa del Sebin”

Angelo Mejía Meléndez volvió a su tierra el 24 de junio. Día en que esa tierra se abrió para provocar la peor tragedia que Venezuela recuerde. Al cumplirse dos meses del doblete sísmico que partió en dos la historia reciente del país, Luz Marina Meléndez carga en su pecho el luto por la muerte de su hijo y un rosario de preguntas sin respuestas.

Cerca del mediodía de ese miércoles aterrizó el vuelo 164 en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira. A bordo, 146 venezolanos, todos deportados desde Estados Unidos por la administración de Donald Trump.

Angelo era uno de esos pasajeros. El joven de 27 años vivía en Tampa y estaba tramitando su asilo, pero fue detenido tras verse involucrado en un accidente de tránsito.

Allí le plantearon dos opciones: Pagar una fianza o esperar bajo arresto la respuesta a su petición de asilo. Descartó la primera, por temor a ser capturado posteriormente por ICE (Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), y también la segunda. Así resolvió solicitar su deportación voluntaria.

Estuvo tras las rejas desde el 3 de junio hasta la noche del 23, cuando despegaron desde Arizona hacia Venezuela. Su mamá Luz Marina, de 57 años, iba monitoreando sus movimientos por los datos que suministraban las autoridades norteamericanas, hasta que a las 4 y 37 de la tarde del 24 de junio recibió una llamada de un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El agente le indicó que su hijo tenía que pernoctar en La Guaira y se lo puso al teléfono. “Viejita, estoy muy cansado, hablamos cuando llegue a casa”, lo escuchó con tono molesto. Alrededor de hora y media después, se registraron los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que se ensañaron particularmente contra el litoral central.

Maltrato

Tan pronto ingresaron al país, los 146 deportados fueron objeto de una investigación exhaustiva para determinar si tenían cuentas pendientes con la justicia. Sin importar su estatus, todos fueron enviados al “hotel santuario La Llanada”, una instalación controlada por el Sebin.

“¿Por qué fueron detenidos indebidamente si no tenían antecedentes penales? Si los hubiesen entregado a sus familiares, hoy estarían vivos”, expresa Oswadeliz Nuñez, de 58 años, madre de Daniel Alejandro Núñez, deportado de 28 años que falleció en la edificación de la policía política del régimen chavista en La Guaira.

A través de los testimonios de los sobrevivientes, Luz Marina y Oswadeliz han podido construir el relato de las últimas horas que vivieron sus hijos. “Nos contaron que les quitaron sus pertenencias y sus teléfonos con las claves para revisar sus redes, los llamaban apátridas y los maltrataron”, denuncian lo que otros callan por miedo a represalias.

Aunque en principio le dijeron que Daniel Alejandro estaba en un hospital, Oswadeliz supo después que su hijo murió de forma inmediata. Pudo reconocerlo el 29 de junio por el tatuaje que tenía en un brazo. “Allí no hacían bien ni la prueba con las huellas ni la autopsia para identificar a los cadáveres”, afirma.

“Muchos han podido salvarse, pero hubo negligencia, los equipos de rescatistas no se activaron a tiempo y no nos dejaban ingresar al lugar. Además, los sobrevivientes nos cuentan que los funcionarios los empujaban para evitar que salieran”, describe.

Opacidad

A Luz Marina también funcionarios del Sebin le aseguraron que su hijo estaba vivo, que apenas tenía un golpe en el ojo y le sugirieron que preguntara en los hospitales. Para dar con su paradero, organizó una red de búsqueda con 200 personas que visitaron el “hotel” de La Guaira, distintos centros asistenciales y sedes de la policía política.

Nunca le ofrecieron una información precisa, ni siquiera en el cuartel general del Sebin en Caracas, adonde acudió personalmente en medio de su desesperación. Al final, consiguió a un sobreviviente que estuvo al lado de su hijo en esas horas aciagas y le confió que había resistido el primer impacto, pero luego murió por no haber sido rescatado a tiempo.

Según ese relato, en medio de los escombros un funcionario le dio agua y los pulmones de Angelo colapsaron.

Gracias al esfuerzo de la familia, pudieron encontrar el cuerpo de Angelo en el puerto de La Guaira, donde se dispuso una morgue temporal para enfrentar la emergencia que hasta la fecha ha dejado más de 6 mil muertos. “¿Por qué no mantuvieron la custodia del cadáver? Jamás nos quisieron dar información”, manifiesta la madre indignada.

“El terremoto no es culpa de nadie, pero que los deportados hayan estado en ese sitio es culpa del Sebin, porque yo me ofrecí a buscar a mi hijo”, indica Luz Marina, quien insiste en que no existía ninguna razón para mantener cautivos a ciudadanos sin antecedentes penales.

Dudas

Ante el silencio oficial, las interrogantes crecen. “¿Por qué la desinformación? ¿Por qué no nos querían en el “hotel”? ¿Qué ocultaban allí? ¿Cómo no tenían un control de las personas que estaban recluidas? ¿Por qué te dicen que están vivos y te mandan a recorrer hospitales? ¿Por qué tanta maldad?”, larga su cuestionario Luz Marina.

Abundan las dudas sobre lo que ocurría dentro del “hotel” del Sebin. Oswadeliz resalta que “ese es un sitio de vieja data donde no había alarmas contra incendios, ni salubridad ni agua potable”. Sobrevivientes apuntan que allí se hallaban otras personas detenidas, además de los deportados. “¿Quiénes eran y por qué estaban en el lugar?”, pregunta Luz Marina.

Al frente de un grupo de familias afectadas del vuelo 164, las madres de Angelo Mejía Meléndez y Daniel Alejandro Núñez se han unido para exigir justicia. “Mucha gente tiene miedo, sobre todo los sobrevivientes”, comentan, pero ellas no se rinden.

Desde ya trabajan con Helene Villalonga, representante de la ONG Amavex, en Estados Unidos para reclamar por el proceso de deportación que trajo a sus hijos a Venezuela.

Igualmente, se asesoran con organizaciones de la sociedad civil venezolana para denunciar ante instancias internacionales al régimen chavista por las violaciones a los Derechos Humanos sufridas por estos jóvenes. “Ahora es que nos estamos dando cuenta de todo lo que padecen los deportados en Venezuela”, lamenta Oswadeliz.