Una ONG venezolana pidió al Gobierno chavista que amplíe la cooperación de la Cruz Roja en cárceles donde hubo denuncias de tortura

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió al Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, ampliar la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en las cárceles del país, con énfasis en prisiones donde “existan denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

A través de un comunicado difundido el sábado en su cuenta de X, la ONG solicitó incluir los penales El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare, ubicados en el estado Miranda, señalando que no se tiene constancia de la presencia del CICR en esos recintos.

CLIPP argumentó que estos centros son prioritarios tras afirmar que “familiares de personas recluidas en estos centros denunciaron aislamiento, restricciones de comunicación, deficiencias en alimentación y atención médica, así como episodios de violencia y malos tratos”. La ONG pidió que se garanticen “condiciones necesarias para que el CICR pueda realizar entrevistas privadas con las personas detenidas y dar seguimiento a los casos conforme a su metodología”.

La organización también solicitó habilitar mecanismos de comunicación directa entre el CICR y las familias “para aportar información sobre torturas, aislamiento, enfermedades graves y otras situaciones que requieran atención humanitaria”.

El martes pasado, el Gobierno venezolano anunció una agenda de cooperación con el CICR en materia penitenciaria que, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, se orienta al intercambio de experiencias y la identificación de áreas de interés común. Entre las acciones previstas se incluyen encuentros con autoridades, visitas a centros penitenciarios y la revisión de temas como salud, educación, actividades productivas, contacto familiar y condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Las actividades concluirán con un encuentro bilateral para compartir “principales consideraciones e identificar posibles líneas de trabajo conjunto”, informó la cartera.

Por su parte, la organización Realidad Helicoide denunció la existencia de 49 centros de tortura en Venezuela donde permanecen recluidos más de 300 presos políticos. Según el informe difundido por la ONG, “los registros actuales confirman la presencia de presos políticos en 49 centros activos, desde cárceles de máxima seguridad hasta comandancias policiales regionales”. La entidad toma su nombre del centro que fue considerado el mayor sitio de torturas del país hasta su cierre, ordenado por Rodríguez.

El reporte indica que la mayor concentración de detenidos se encuentra en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, con 107 personas. El viernes 21 de agosto, familiares de presos políticos cumplían 224 días de vigilia frente a ese penal, noche en la que denunciaron que sus parientes sufren tratos crueles e inhumanos.

El CLIPP sumó que, tras los terremotos del 24 de junio, aumentaron las denuncias sobre la situación en Rodeo I. “Familiares reportan golpes, disparos con perdigones, uso de gas lacrimógeno, personas heridas sin atención médica, restricciones al contacto familiar, suspensión de la paquetería y el regreso forzado de los detenidos a celdas con presuntos daños estructurales”, detalló el comité.

Amnistía Internacional y familiares de presos políticos exigieron una “atención médica oportuna” en las cárceles, al advertir que las condiciones actuales pueden afectar o agravar la salud de los reclusos. Los allegados denunciaron demoras en las evaluaciones médicas, falta de exámenes y dificultades para acceder a especialistas en casos de afecciones específicas.

Andreína Baduel, hermana de Josnars Baduel —detenido en 2020— e hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en prisión en 2021, afirmó: “Hay un patrón que es la falta de atención médica oportuna. Otro patrón es que subestiman las dolencias o requerimientos que van manifestando los presos políticos”. En una transmisión impulsada por Amnistía Internacional, Baduel señaló que las condiciones de reclusión “no se ajustan a los estándares internacionales, por lo cual el que no entra enfermo se va enfermando en la cárcel porque no recibe atención médica especializada y oportuna”.

Diego Casanova, activista del CLIPP, indicó que han identificado “patrones” en los centros de detención venezolanos, como “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, además de la “restricción o demora en la atención médica”. Casanova agregó que persisten dificultades como “el ingreso regular de medicamentos, la ausencia de tratamientos acordes y oportunos, la interrupción de terapias, falta de seguimiento y problemas para cumplir dietas o cuidados específicos” requeridos por algunos detenidos.

(Con información de EFE)