Aunque la presidenta encargada Delcy Rodríguez habla de un “nuevo momento político”, que ha incluido una cierta apertura en el ejercicio de la libertad de expresión, el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas contabilizó 134 ataques contra periodistas y medios comunicación entre enero y julio de este año.
La organización gremial señala que bajo el gobierno interino de Rodríguez continúa “el sistemático deterioro de las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”. En ese sentido, denuncian “la consolidación de un patrón de acoso institucional y policial orientado a frenar la cobertura informativa, acentuado durante coyunturas de gran interés público nacional, como las coberturas tras los sismos registrados en junio”.
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El ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cargó contra los corresponsales que vinieron a cubrir las noticias sobre el cataclismo. “Lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte”, fustigó el funcionario, que constantemente embiste al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, acusándolo de promover una “guerra mediática enfermiza” contra las instituciones.
Rodríguez también declaró que decidió militarizar el estado La Guaira, declarado zona de desastre por el doblete sísmico del 24 de junio, “porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”.
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El régimen chavista argumenta que todas las críticas a su gestión ante los terremotos responden a “matrices” que buscan desestabilizar al Ejecutivo.
Persecución
El balance presentado por el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas recoge 24 actos de intimidación, 23 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros y cuatro cierres de emisoras. Además, las autoridades obligaron a 12 periodistas a borrar el material que habían registrado.
El informe destaca que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que responde al ministro Cabello, y otros cuerpos de seguridad obstaculizaron, amedrentaron y hostigaron a reporteros mientras intentaban cumplir con sus labores en las zonas golpeadas por los terremotos en La Guaira y Caracas.
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“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas buscando amedrentar, incitar a la autocensura y judicializar la labor de quienes reportan la realidad”, manifestó Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas de la capital.
El gremio periodístico y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos mantienen el reclamo con respecto al bloqueo que afecta a decenas de páginas web informativas, entre ellas Infobae. Pese a que el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, creado por Rodríguez, se comprometió a levantar las restricciones, la censura sigue igual.
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